El tsunami del hambre

Esther Vivas

La imposibilidad de acceder a los alimentos ha empujado a la calle, durante los últimos meses, a miles de personas en los países del Sur. Manifestaciones, huelgas y protestas se suceden de una punta a otra del planeta. En Bangladesh el precio del arroz se duplicó en el último año; en Haití, el costo de los alimentos aumentó más de un 40% y el mismo porcentaje subió en Egipto. Igual dinámica se ha vivido en Costa de Marfil, Bolivia, Indonesia, México, Filipinas, Pakistán, Mozambique, Perú, Yemen, Etiopía… La lista podría continuar.
Estas “revueltas del hambre” nos recuerdan las que tuvieron lugar contra las políticas de ajuste estructural impuestas por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional en los años ochenta y noventa en los países del Sur. En ese período se contabilizaron más de cincuenta alzamientos que dejaron miles de muertos en Africa, Asia y la América Latina. Una vez más la causa fue el aumento de los precios de los alimentos básicos, el transporte, la vivienda, etc., que agravó las condiciones de vida de la mayoría de las poblaciones de esos países y dificultó aún más su lucha por la supervivencia cotidiana. La historia se repite y las políticas neoliberales continúan dejando millones de hambrientos a su paso.
Pero el problema hoy no es la falta de alimentos: la producción de cereales a nivel mundial se ha triplicado desde los sesenta y las reservas siguen estando muy por encima de la demanda. De hecho, la producción agrícola nunca había sido tan abundante. Entonces, ¿cuál es el problema? La dificultad radica en que los pobres del Sur no pueden pagar los precios establecidos. Se trata, por tanto, de un problema de acceso a los alimentos.
Los cereales básicos son los que han sufrido un aumento más espectacular en el último año: un 70%. Se destacan los casos del trigo, la soya, los aceites vegetales y el arroz. El costo del trigo, por ejemplo, ha llegado a sumar un 130% más que hace un año y el arroz un 100%. Evidentemente, son las capas más pobres de la población de los países del Sur, especialmente los que abandonaron el campo y hoy pueblan masivamente las ciudades, quienes sufren las graves consecuencias de este aumento sin parangón.
Esta crisis no es coyuntural, sino resultado de un sistema agroalimentario privatizado, enfocado al mercado internacional y supeditado al afán de lucro. Varias han sido las razones que han hecho estallar esta crisis alimentaria mundial. Entre ellas, el aumento de las importaciones de cereales de países hasta el momento autosuficientes como la India, China o Vietnam; la destrucción de cosechas debido a las sequías y a otros fenómenos meteorológicos en países productores como Bangladesh, China y Australia; el aumento del consumo de carne por parte de nuevas clases medias en la América Latina y en Asia, que trae aparejado un crecimiento de la demanda; la subida del precio del petróleo, que ha repercutido directa o indirectamente en una agricultura dependiente del mismo; las nuevas tendencias de producción de “petróleo verde” o agrocombustibles; las crecientes inversiones especulativas en cereales después del crack de los mercados puntocom e inmobiliarios. Todos estos elementos han influido, en menor o mayor medida, en un sistema agroproductivo que antepone los intereses económicos privados a las necesidades alimenticias de las personas. En ese frágil equilibro, las leyes del mercado han terminado de desequilibrar la balanza.

Especular con la comida

Pero, ¿cómo se han establecido los precios actuales? El precio de materias primas como la soya, el maíz y el trigo, entre otras, se determina por su cotización en las bolsas de valores, entre ellas la de Chicago, que es la más importante. Los operadores venden y compran en el “mercado de futuros”, en función de las previsiones de la oferta y la demanda. Se trata, por tanto, de operaciones especulativas. En la medida en que sectores como Internet o el inmobiliario entran en crisis, esas inversiones han derivado a los mercados de cereales. Hoy se calcula que al menos un 55% de la inversión financiera en el sector agrícola responde a intereses especulativos y tiene una vinculación directa con el aumento y la volatilidad de los precios.
Multinacionales como Cargill y Bunge, así como el gobierno de los Estados Unidos, ejercen un fuerte control sobre la producción y la comercialización de las materias primas, lo cual determina su precio final. Se trata de una dinámica recurrente en toda la cadena productiva, y son precisamente quienes monopolizan cada uno de estos tramos, las grandes multinacionales, las máximas beneficiarias de la crisis actual. Las principales compañías de semillas, Monsanto, DuPont y Syngenta, han reconocido un aumento creciente de sus ganancias, y lo mismo sucede con las principales industrias de fertilizantes químicos Mosaic Corporation (propiedad de Cargill) o Potash Corp. Las mayores empresas procesadoras de alimentos como Nestlé o Unilever también anuncian un alza en sus beneficios, aunque por debajo de las que controlan los primeros tramos de la cadena. Lo mismo ocurre con las grandes distribuidoras de alimentos como Wal-Mart, Tesco o Carrefour, los reyes de los supermercados, quienes afirman que sus ganancias aumentan.

Inseguridad alimentaria

En la medida en que la agricultura, en su creciente mercantilización, prioriza la producción para la exportación en lugar del abastecimiento local, o abandona sistemas de cultivo tradicionales en aras de una agricultura industrial y “drogodependiente” (con el uso de pesticidas y químicos), nos vemos arrojados a una creciente inseguridad alimentaria en la que nuestras necesidades alimentarias quedan en manos de las multinacionales de la agroindustria. Las políticas neoliberales aplicadas sistemáticamente desde los años setenta contribuyen a ello, sin lugar a dudas.
El caso de Haití es revelador. Hace treinta años, ese país producía todo el arroz que necesitaba para alimentar a su población, pero a mediados de los ochenta, frente a una necesidad de fondos (el dictador haitiano Jean Claude “Baby Doc” Duvalier abandonó el país vaciando sus arcas), se endeudó con el Fondo Monetario Internacional. Empezaba ahí una espiral de “dominación” que sumiría al país en la más profunda de las dependencias políticas y económicas respecto a las instituciones financieras internacionales y, en especial, a los Estados Unidos.
Para obtener dichos préstamos, Haití se vio obligado a aplicar una serie de políticas de ajuste estructural, entre ellas la liberalización comercial y la reducción de los aranceles que protegían la producción de cultivos como el arroz. Esa apertura permitió la entrada indiscriminada de arroz subvencionado de los Estados Unidos, que se vendía muy por debajo del precio al que los agricultores locales podían producirlo. Esto hundió en la más absoluta miseria a los productores locales, quienes ante la imposibilidad de poder competir, abandonaron sus campos y cultivos. Hoy Haití es uno de los principales importadores de arroz estadounidense.
Pero el caso de Haití se puede extrapolar a muchos otros países del Sur, en los que la aplicación sistemática de las políticas neoliberales a lo largo de los últimos treinta años ha sumido a las poblaciones en una pobreza que mina la salud y acorta la vida de la gente. La liberalización comercial a ultranza, mediante las negociaciones en la Organización Mundial del Comercio y los acuerdos de libre comercio, las políticas de ajuste estructural, el pago de la deuda externa, la privatización de los servicios y los bienes públicos han sido algunas de las medidas del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional a lo largo de las últimas décadas.
Estas políticas han generalizado una creciente privatización de la agricultura y la alimentación, así como de otros sectores. Es una dinámica que aunque muestra su cara más cruenta en el Sur también se ha impuesto en los países del Norte con una agricultura altamente deslocalizada e industrial. Frente a las consecuencias de ese modelo es indispensable comenzar a aplicar ya los principios de la soberanía alimentaria. Las alternativas están encima de la mesa: sólo hace falta voluntad política para aplicarlas y, evidentemente, luchar para conseguir imponerlas.

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