ALBA y Comercio de los Pueblos: de la esperanza a la emancipación

Ariel Dacal

Si bien las luchas populares contra el capitalismo, manifiestas con los más variados signos y desde los más diversos sectores, nunca han estado ausentes de los escenarios nacionales e internacional después de la caída del símbolo de Berlín, el supuesto de que no existía alternativa frente a la arremetida del gran capital con etiqueta neoliberal produjo mellas sensibles en el movimiento revolucionario en general y en el de América Latina en particular.
El pilar de la imposibilidad de alternativas, sobre el cual se pavoneó el neoliberalismo durante dos décadas, comienza a quebrarse. Los movimientos progresistas han pasado de la denuncia y la concientización a la creación de propuestas integrales. La Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA), esbozada desde Venezuela con el sustento histórico, moral, material y humano de Cuba, y el Tratado de Comercio de los Pueblos (TCP), de inspiración boliviana, tienden un puente, en su complementación, entre la esperanza acumulada y la práctica emancipatoria de los pueblos de la América Latina y el Caribe. Ambas propuestas se sitúan en un sendero de resistencia a la dominación norteamericana y contención a su expansionismo: de ahí su carácter implícita y explícitamente antimperialista.
El intento esencial de estas propuestas es la integración de los pueblos, un proyecto que es resultado de las nuevas circunstancias y de las experiencias y tradiciones de lucha. Como recuerda Irene León,1 la integración no es un tema nuevo en Latinoamérica, sino, más bien, una aspiración histórica marcada por tentativas y rompimientos definidos de cerca por las relaciones de dominación, antes circunscritas al control de territorios y recursos, ahora extensibles a la mercantilización de todos los ámbitos de la vida.
Si bien es cierto que, como dijera Hugo Chávez en abril del 2005 en La Habana, el ALBA en principio fue sólo una idea surgida del espíritu de resistencia antimperialista y de la voluntad política de llevarlo adelante, la propuesta ha ido tomando cuerpo, lo que se verifica en el intercambio cooperativo que realizan Cuba y Venezuela desde el año 2005. Según Claudio Katz2 ese intercambio constituye el embrión de una asociación que podría sustituir los principios de la competencia y el libre comercio por normas de complementación y solidaridad.
El ALBA proyecta hacia Latinoamérica los avances sociales que se han introducido en Venezuela a partir de cierta distribución de la tierra, créditos a las cooperativas y una significativa extensión de los servicios educativos y sanitarios, al situar en primer plano la satisfacción de las necesidades básicas de la población. Con el ALBA reaparece el nacionalismo progresista que había perdido influencia en la región y, al mismo tiempo, el vínculo entre proyectos nacionales y regionales. El ALBA se erige como un proyecto estratégico de unificación latinoamericana que, como sustento de sus políticas sociales de origen, cuenta con tres planos fundamentales: energético, financiero y comercial.
La potencialidad creadora de este intento tiene como soporte vital la voluntad política de realizarlo. Además, se funda en la creación de vínculos entre las realizaciones del Estado y las iniciativas y producciones ciudadanas. Todo el entramado integracionista e integral del ALBA parte de una nueva ética que, a su vez, fomenta. Los acuerdos entre Caracas y La Habana enmarcados en el ALBA tienen como base la retribución venezolana en petróleo por prestaciones cubanas en materia de salud (médicos, odontólogos, vacunación, instalación de clínicas) y educación (campañas de alfabetización, educación superior). Es radicalmente distinta al paquete de aranceles, subsidios y tarifas que discuten los capitalistas.
El intercambio solidario que se revela como esencia de esos acuerdos es un principio contrario a la filantropía imperialista que proponen los Estados Unidos para socorrer a los pobres de la región. Además, se opone a la competencia, la acumulación y el consumo –lógica del ALCA– con la complementación, la cooperación, la solidaridad, la productividad, la prosperidad y el respeto a la soberanía de los países.
Los principios de intercambio plantean la posibilidad de introducir precios para las transacciones bajo el principio de las “ventajas cooperativas”. El nuevo modelo permitiría reducir las asimetrías entre las naciones, ya que induciría a crear instrumentos de compensación entre los participantes en los intercambios. En lugar de comprar y vender según el dictado de la ganancia que rige el negocio entre empresarios, se comenzaría a comerciar en función de lo que cada país produce y necesita, sobre la base de experiencias populares.
“El ALBA no se realizará sobre la base de criterios mercantiles, ni en función de los intereses egoístas de las empresas, tampoco de un beneficio nacional que perjudique a otros pueblos”, como consta en el documento emitido en ocasión de su lanzamiento oficial en abril del 2005 por los gobiernos de Cuba y Venezuela. El presidente Chávez destacó en su encuentro con Fidel y Evo en La Habana en abril del 2005 que el ALBA coloca por delante lo social y lo cultural, y que es un instrumento de liberación con el que se construye la plataforma del proyecto bolivariano frente al proyecto de Monroe.

Más luces para el ALBA

Bolivia subscribió el Acuerdo para la Aplicación del ALBA y el TCP el 29 de abril del 2005, en el primer aniversario del inicio del acuerdo entre Cuba y Venezuela. Como destacaron los jefes de Estado venezolano y boliviano en la reunión de La Habana, el ALBA, que se enfrentó al ALCA, encuentra en el TCP el enfrentamiento a los TLC. La complementación de ambas propuestas desborda los hechos simbólicos para demostrar la vitalidad de la creación de alternativas en la región frente a las variadas formas que adquiere la propuesta imperialista.
El TCP propuesto por el gobierno de Bolivia es una respuesta lógica al agotamiento del modelo económico aplicado en las dos últimas décadas en la América Latina, que se fundamenta en la desregulación, la privatización y, sobre todo, en la apertura indiscriminada de los mercados bajo el supuesto de que son la herramienta eficaz para la carrera hacia el desarrollo. La experiencia acumulada en esas décadas obliga a cambiar la lógica de las relaciones internacionales y a descentralizar la toma de decisiones. Ya no se puede aceptar que las potencias dicten una política económica mundial que no solucionará los problemas del desarrollo. El ALBA y el TCP intentan replantear la política de relacionamiento con el exterior incorporando objetivos ausentes en los actuales programas de integración económica propuestos por el capital trasnacional por intermedio de los gobiernos europeos y norteamericano.
La propuesta boliviana es resultado de las luchas de los movimientos sociales y la construcción progresiva de opciones que permitan potenciar el desarrollo nacional y regional. En los puntos contenidos en el TCP se destacan como principios los de entender el comercio y la inversión no como fines en sí mismos, sino como medios del desarrollo que beneficien a los pequeños productores, los microempresarios, las cooperativas locales y las empresas comunitarias; limitar y regular los derechos de los inversionistas extranjeros y las transnacionales para que estén en función del desarrollo productivo nacional; desarrollar políticas agrícolas y alimentarias propias; hacer depender los servicios vitales de empresas públicas reguladas por los Estados; asumir los servicios básicos como bienes públicos que no pueden ser entregados al mercado; defender la propiedad social frente a la privatización extrema. El TCP busca equidad y complementariedad entre los países, y equilibrio entre los ciudadanos y con la naturaleza.
La prioridad del nuevo modelo es el mejoramiento de los niveles de vida (ingresos, educación, salud, agua, cultura) y el logro de un desarrollo sostenible, equitativo, igualitario y democrático, que permita la participación consciente de los ciudadanos en la toma de decisiones. Por tanto, pretende resolver el problema de la distribución de la riqueza a favor de los más pobres.
Al rescatar valores de la cultura indígena, el TCP postula la complementariedad frente a la competencia; la convivencia con la naturaleza, en contraposición con la explotación irracional de los recursos; la defensa de la propiedad social frente a la privatización extrema; el fomento de la diversidad cultural frente al monocultivo y los patrones de consumo hegemónicos.

Los pueblos como actores

El ALBA y el TCP son instrumentos para enfrentar las presiones e imposiciones de los Estados Unidos y sus aliados al interior de la región, y plantean un comercio justo de pueblo a pueblo y el incremento del intercambio desde estos. Un elemento a destacar es que se proyecta convertir a los movimientos sociales en actores del proceso, y que lleven adelante una parte del intercambio comercial mediante un manejo directo de fondos.
Movimientos sociales como el MST brasileño, iniciativas productivas como las de las empresas tomadas en Argentina, proyectos informativos diversos (Minga Informativa de los Movimientos Sociales, redes de radios comunitarias, agencias de prensa populares, etc.) y otras, fomentan desde sus espacios la articulación, la participación y el crecimiento de las capacidades de los actores populares.
En esa construcción de alternativa están presentes, con un enorme potencial cultural y práctico, las contribuciones históricas de los pueblos indígenas y afrodescendientes, que han desarrollado sistemas de conocimiento de absoluta actualidad para pensar, además de la integración regional y la pervivencia del planeta, modos de relacionamiento humano que partan de la colectividad y los vínculos sociales.
El ALBA y el TCP asumen estas potencialidades. Ambas propuestas implican relaciones a nivel de gobiernos nacionales y regionales, movimientos sociales y experiencias locales. Con esta finalidad se creó un ente regional (Empresur) que intenta insertar la actividad de las pequeñas empresas surgidas en los últimos años bajo el impacto de crisis industriales (quiebras, abandonos patronales) o como resultado de emprendimientos productivos de origen popular.
La experiencia es todavía muy limitada, pero al impulsar su articulación se ofrece una respuesta al modelo de integración centrado en las grandes corporaciones que promueven tanto al ALCA como al Mercosur.
Desde su concepción misma, el proyecto del ALBA ha tenido entre sus prioridades el contacto y la participación de los movimientos sociales. En enero del 2005, Hugo Chávez participó en actividades en Porto Alegre, en ocasión del V Foro Social Mundial (FSM), como respuesta a la invitación del Movimiento Sin Tierra (MST) y la Central Unica de Trabajadores (CUT), de Brasil, en representación de la Asamblea Mundial de los Movimientos Sociales. A partir de esa fecha, se inició un intercambio de representantes de movimientos con el presidente Chávez, sobre la base del interés de las partes por involucrar de manera más decisiva a los movimientos sociales en las iniciativas del ALBA y en el proceso de integración. Un impulso importante de ese proceso lo constituyó la realización en Caracas del VI FSM-II Foro Social de las Américas (FSA).
La organización de la Cumbre Enlazando Alternativas 2, frente a la III Cumbre Unión Europea-América Latina (Viena, mayo 2006); la Cumbre Social por la Integración de los Pueblos, en ocasión de la cumbre presidencial de la Comunidad Suramericana de Naciones (Cochabamba, noviembre 2006); y los sendos actos de solidaridad con la presencia de los presidentes y representantes de los gobiernos del ALBA, fueron posibles por la coordinación entre los movimientos sociales y estos gobiernos.
Como parte del proceso, a fines de abril del 2007 se realizó en Venezuela un encuentro continental que reunió a los gobiernos de los países miembros de ALBA (Venezuela, Cuba, Bolivia y, más recientemente, Nicaragua) y que contó con la participación del presidente de Haití, René Preval, que firmó varios acuerdos con los gobiernos miembros, y la ministra de Relaciones Exteriores de Ecuador, María Fernanda Espinosa. Es posible afirmar que los gobiernos de Haití y Ecuador están identificados con el espíritu de ALBA y que su adhesión es cuestión de tiempo.
También estuvieron en el cónclave dirigentes de movimientos sociales de veinte países latinoamericanos, que representaban prácticamente a todas las redes de articulación continental (campesinos, movimientos populares, pueblos indígenas, movimientos de afrodescendientes, pastorales sociales, Jubileo Sur contra la deuda externa, Campaña contra el ALCA, movimientos estudiantiles y de jóvenes, movimientos de mujeres, entre otros).
Entre los acuerdos del encuentro estuvo realizar un plan de cooperación de emergencia para aglutinar esfuerzos de todos los países y pueblos del continente en solidaridad con el pueblo de Haití, para que pueda superar la grave crisis económica y social y romper la injerencia a la que está sometido.
Si bien no hay todavía una propuesta de estructura definitiva para la puesta en marcha del ALBA, en la referida reunión de abril se avanzó en la definición de tres instancias permanentes y complementarias para su funcionamiento: a) un consejo de gobiernos formado por los representantes de los gobiernos centrales (presidentes, ministros, etc.); b) un consejo de representantes de gobiernos provinciales, regionales y locales (es decir, aunque el gobierno central de un país no se haya adherido al ALBA, gobiernos provinciales o ayuntamientos podrían hacerlo, y formarían parte de ese consejo); y c) un consejo de representantes de los movimientos sociales y las fuerzas populares existentes en nuestros países y en el continente.
Este último consejo aún está en proceso de conformación y discusión de sus normas de participación, pero resulta sin dudas un paso de notorio avance en la concreción de proyectos sociales y económicos que pongan freno y reviertan las deterioradas condiciones de vida de un porcentaje importante de los habitantes del continente, en virtud del espíritu libertario común de los movimientos sociales y los gobiernos firmantes del ALBA.

Tocar el cambio con las manos

En el acuerdo rubricado por Fidel, Chávez y Evo en los marcos del ALBA, y en correspondencia con el espíritu de compensación de los acuerdos, Bolivia es el mayor beneficiario con el arancel cero para muchos productos. A partir de que Cuba y Venezuela comprenden la situación económica de Bolivia y tienen voluntad política para la cooperación, entre las concreciones del acuerdo se destaca que el mercado de la soya boliviana –afectado por la firma de un TLC entre Colombia y los Estados Unidos– está asegurado, porque Venezuela puede adquirir toda la producción. También se enfatiza el interés de Cuba en comprar quinua a Bolivia y la posibilidad de exportar hoja de coca con fines lícitos a ese país y a Venezuela.
El principio de igualdad entre los Estados, presente en la letra y el espíritu de los acuerdos, no desatiende las asimetrías en sectores y estructuras, como subrayó Chávez en el referido encuentro. Bajo esta lógica, Venezuela pone a disposición de Bolivia su experiencia en materia energética y ambos gobiernos acordaron la creación de un polo petroquímico en Bolivia que permitirá la industrialización para la explotación de los recursos, desarrollando la producción de derivados del gas y el petróleo.
Evo Morales señaló como diferencias sustantivas entre estos modelos de integración y los propugnados por los Estados Unidos que la solidaridad incondicional se opone al condicionamiento, y que la complementación se opone a la competencia, principios de lucha en los cuales Cuba, Venezuela y Bolivia son aliadas para el cambio.
Estas visiones van marcando progresivamente el relacionamiento de Venezuela con otros países, dentro y fuera de la región. La colaboración con el Caribe y Centroamérica da prueba de ello. Asimismo, unos treinta acuerdos de cooperación en distintas áreas han sido firmados entre Venezuela y Brasil, y otros tantos con Argentina y Uruguay, países que tienen aspiraciones de relanzar la integración regional.
Venezuela, siguiendo un ejemplo de larga data marcado por Cuba, ha dado apoyo a los afectados por las temporadas de huracanes que azotaron la región en el 2004 y el 2005, tanto en su fase de emergencia como en la de reconstrucción. Ha donado combustible para la calefacción en invierno a comunidades pobres, especialmente de afrodescendientes, en los Estados Unidos. Por intermedio de sus empresas, el gobierno de Venezuela ofreció esta ayuda en Nueva York y Boston a un 40% por debajo del precio de mercado, y combustible a bajo precio al sistema de transporte público en Chicago, para reducir los pasajes de las personas de bajos recursos. Venezuela encaminó donaciones para escuelas, hospicios y otros en Chicago, Houston y Nueva York.3 Otras iniciativas que van dando concreción a las propuestas del ALBA son la red comunicacional TELESUR y la integración energética y petrolera Petrosur, así como escuelas de formación regional para el desarrollo de capacidades humanas que potencien el desarrollo del continente.
En el área social hay un vínculo creciente. Existen ya ocho mil puntos médicos que funcionan como parte de la misión Barrio Adentro, fórmula que permite la atención gratuita de millones de venezolanos residentes en zonas humildes. Esto se une al funcionamiento de doscientos sesentiún centros de diagnóstico integral, de un total de seiscientos planificados, que cuentan con salas de terapia intensiva y rehabilitación en lugares donde nunca había llegado un médico. Igualmente, trescientas cuarentiuna salas de rehabilitación, nueve centros de alta tecnología y tres mil puntos de estomatología se complementan con más de treinta mil venezolanos que estudian medicina junto a los especialistas cubanos. Estudiantes de doce países se encuentran becados en Cuba bajo la concepción de que ser médico del ALBA significa dedicarse a cuidar la salud de los pobladores más pobres en sus respectivas naciones.
Más de seiscientos mil pacientes de veintiocho países ya han recuperado o preservado la visión mediante operaciones gratuitas realizadas en hospitales de la isla caribeña o en los instalados en sus propios países con asesoría de Cuba. Uno de cada ochentisiete venezolanos se benefició de la Operación Milagro, al igual que uno de cada doscientos trece bolivianos y uno de cada sesenta habitantes de Antigua y Barbuda. Hoy en Venezuela funcionan trece centros oftalmológicos, y otras instalaciones similares prestan servicios en Ecuador, Guatemala, Haití, Honduras y Bolivia.
En materia educativa, el método cubano Yo Sí Puedo, que se aplica en un total de veintidós países del continente, es una expresión clara de la expansión de esta propuesta en El Salvador, Colombia, Granada, Guyana, entre otros, además de Venezuela y Bolivia. Sólo en Venezuela, ochocientos mil de los alfabetizados se graduarán este mismo año de sexto grado tras un curso intensivo y otros seiscientos mil estudian el bachillerato, a la vez que medio millón de jóvenes realizan cursos universitarios. Paralelamente, en Bolivia, casi un cuarto de millón de personas están alfabetizándose y veintinueve mil ya dejaron de ser iletradas.
En materia cultural, fueron presentados los primeros doce libros del Fondo Editorial Alba, creado por Cuba y Venezuela para la publicación y difusión del patrimonio cultural. Los títulos de ese primer lote se dedicaron al ensayo y el pensamiento antimperialista e incluyen autores internacionales como Roberto Fernández Retamar, José Martí, Carmen Bohórquez, Ignacio Ramonet, Mark Twain y Stella Calonni, entre otros. Se hizo un tiraje de diez mil ejemplares, los cuales se repartirán a partes iguales entre Cuba, Venezuela y Bolivia, y se mantiene la opción de realizar reimpresiones de estas obras, que estarán disponibles en la red de bibliotecas y librerías públicas venezolanas a muy bajo costo. Este fondo editorial es una nueva institución con vocación de integración latinoamericana que tendrá también una expresión en el campo del disco, la música y el audiovisual. Muchos talentos jóvenes que no tienen espacio en el mercado de la industria cultural hegemónica lo podrían encontrar en el Fondo.

Conflictos esenciales

El ALBA y el TCP no son panaceas que sanen sin conflicto las heridas americanas. El reto más alto está en conquistar la legitimidad popular, lo que implica un compromiso con las reivindicaciones de los oprimidos y la promoción de reformas sociales radicales que contemplen, en aras de la irreversibilidad del proceso, la elevación de estos como sujetos activos del cambio y no como pasivos receptores.
El TCP no busca necesariamente trascender el capitalismo, sino que plantea, inicialmente, un esquema comercial de corte nacionalista. Ambas propuestas contienen elementos de una política desarrollista tradicional, es decir, la industrialización como objetivo central del desarrollo, aunque la propuesta boliviana intenta marcar distancias con el modelo de desarrollo occidental que se fundamenta en el consumo y que destruye a fondo la naturaleza.
Claudio Katz4 destaca que tampoco conviene identificar automáticamente cualquier intercambio comercial divorciado del lucro inmediato con el bienestar popular. Existen numerosos antecedentes de esta modalidad de intercambio que favorecen a las elites estatales o a las burocracias opresoras. El ejemplo más evidente fue la cúpula de la URSS, que reforzaba su poder con los mecanismos de comercio que regían en el antiguo bloque socialista. También ha sido muy frecuente el uso de privilegios comerciales por parte de distintos gobiernos con finalidades diplomáticas, políticas o militares.
Para poder concretarse, el ALBA y el TCP exigen forjar la unidad antimperialista de la región. Esta radicalidad lanza un reto histórico mayor: la relación entre las clases dominantes y los sectores populares. La historia ha demostrado que los capitalistas sudamericanos defienden intereses opuestos a la integración popular. Mientras que la movilización popular y la radicalización política impulsan la profundización de los logros ya alcanzados por el ALBA, la burocracia, la estructura del viejo Estado y la escasa independencia política de los movimientos sociales bloquean estos procesos de emancipación.
Por tanto, sin desestimar los avances que se pueden alcanzar en una alianza táctica entre los trabajadores y los sectores populares con los capitalistas nacionales, dicha alianza no puede ser un fin, sino parte de un proceso para la transición hacia el poder popular. De no ser así, a la vuelta de la historia las contradicciones antagónicas repetirán su crudeza.
Para declarar el carácter popular de los procesos en curso no es suficiente la voluntad política de los mandatarios Fidel, Chávez y Evo, probada con creces, ni de los grupos y movimientos que los secundan o basamentan. Se necesita la interacción constante con los movimientos populares en sus lugares de producción, en sus comunidades. Estos procesos de integración no pueden ir separados de la formación y concientización de los actores populares que deben tomar en sus manos la conducción de estos cambios, lo que obliga a una modificación de la percepción de su lugar, función y poder dentro de la sociedad. La revolución cultural de la que habla Evo Morales tiene su exigencia más profunda en este cambio de percepción.
Tampoco se trata de esperar a que exista el poder popular para lograr un comercio justo: de lo que se trata es de acompañar estos procesos con un profundo trabajo de concientización que se alimente, sobre todo, de la viabilidad, la eficiencia y la perdurabilidad de nuevas formas de organizar el intercambio entre los seres humanos. La disyuntiva está, como señala Katz, en que o el sujeto del nuevo proyecto son los oprimidos o la propuesta pierde significación transformadora.
Como parte de los retos que enfrentan las nuevas propuestas integradoras está la no existencia de un contexto idílico para los cambios. Por una parte, se advierte la ausencia de una conciencia popular extendida de sus potencialidades, que se revela en muchas luchas sectoriales inconexas y en el planteamiento de reivindicaciones inmediatas que no trascienden las estructuras organizacionales y de pensamiento vigentes. De otro lado, se aprecia que la hostilidad descarada del gran capital es cada vez más agresiva: boicot económico, demonización de las experiencias y sus líderes, sabotajes económicos, golpes de estado, utilización provocadora de los medios de información, planes de magnicidio, asesinato de dirigentes populares, división del movimiento revolucionario y progresista, apoyo a los sectores capitalistas nacionales, etc., sin que se obvie la potencial utilización del poderío militar como recurso extremo (ya no tan extremo en los tiempos que corren).
Por tanto, conjuntamente con los procesos de formación y concientización popular para la conducción de los cambios, se impone la verificación práctica, el progreso, la sistematización de las experiencias, la relaboración constante, todo lo cual debe tributar en la eficiencia de las propuestas. Para que el ALBA y del TCP pasen de la esperanza a la emancipación tienen que convertirse en instrumentos en manos de los pueblos. Su posibilidad histórica sólo está en dar vuelta a la página de la dominación imperialista y capitalista en la región.

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Notas:

1—Irene León: “Principios y ética para una integración diferente”, América Latina en Movimiento, no. 414-415, diciembre del 2006.
2—Claudio Katz: La disyuntiva del ALBA (parte I), tomado de www.defensahumanidad.cult.cu.
3—Irene León: op. cit.
4—Claudio Katz: op. cit.

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