Marie amanece con el sol. La claridad traspasa la tienda rústica en la que duerme junto a sus tres hijos. Se apura para ver si la suerte le acompaña y logra tener buenas ventas. Lleva sobre su cabeza una cesta de vegetales frescos. Camina con ligereza mientras pregona su carga: de eso dependen para vivir. Como ella, muchas personas recorren a diario las calles de Puerto Príncipe con sus ventas a cuestas: ropas, zapatos, alimentos, útiles del hogar…
Otras se dirigen hacia las zonas francas para intentar romper su récord y cumplir en menos tiempo con la norma diaria obligatoria. Una jornada resulta corta para tanto quehacer. Hay quien labora doce y hasta catorce horas, pero el pago que recibe equivale al salario de ocho, de por sí mal remuneradas. Esto bien podría clasificarse como una modalidad contemporánea de la esclavitud. “Son condiciones de trabajo infrahumanas, inaceptables”, denuncia Camille Chalmers, secretario ejecutivo de la Plataforma Haitiana por un Desarrollo Alternativo (PAPDA).
Una zona franca ocupa un área geográfica que no entra en las leyes del territorio nacional donde se asienta, lo que implica múltiples ventajas como la exoneración de cargas fiscales y sociales. Los inversionistas garantizan sus producciones con bajos costos sin asumir obligaciones con las trabajadoras y los trabajadores.
La Compañía de Desarrollo Industrial (CODEVI) en Ouanaminthe, al nordeste haitiano, justo en la frontera con República Dominicana, ocupa un territorio llano y fértil, con potencialidades para la producción de cereales; pero es una de esas zonas francas dirigidas por empresarios dominicanos del Grupo M, bajo la contratación de las multinacionales Lévi-Strauss (jeans) y Hanes (camisetas). El proyecto inversionista al que responde sigue el camino de “la modernización y el desarrollo económico” que trazó el dictador Jean-Claude Duvalier (Baby Doc), quien aspiraba a convertir a Haití en “el Taiwán del Caribe,” con apoyo estadunidense.
Con ese pretexto, dio ventajas para la instalación de zonas francas en el país a partir de la década del setenta. La generación de empleos atrajo a más de dos millones de personas a la ciudad en busca de oportunidades. Esto explica en parte el saldo de muertes que dejó el terremoto de enero del 2010 en una capital sobrehabitada y sin condiciones mínimas para recibir una emigración interna de esas dimensiones. Para Camille, es evidente el fracaso de esas estrategias económicas que convirtieron a Haití en suministro de mano de obra barata al servicio de grandes transnacionales.
Las principales inversiones se concentraron en Puerto Príncipe, asociadas a la exportación y a los intereses del mercado estadounidense. “Se descuidó la agricultura, y muchos campesinos abandonaron el campo en busca de opciones laborales. Esto afectó al sector agrícola”, confirma Wilson Sanón, un joven ingeniero agrónomo egresado de la Universidad Agraria de La Habana, que ahora trabaja en PAPDA y apoya con su programa de agroecología al campesinado de Jacmel, su tierra natal.
Las zonas francas siguen siendo una apuesta dentro de la estrategia de desarrollo que se importa a Haití. A la lista de parques industriales muy pronto se sumará Caracol, situado al norte de la nación en una comunidad privilegiada por su biodiversidad costera, que incluye la mayor reserva de manglares del país. El Departamento de Estado norteamericano y el Banco Interamericano de Desarrollo han puesto los recursos económicos para su construcción.
Al acto inaugural de esta obra asistió Bill Clinton, quien aseguró que su país continuará contribuyendo con el desarrollo de Haití y tiene entre sus proyectos trabajar con los empresarios y diferentes sectores de la vida haitiana. Sin embargo, Camille Chalmers piensa en “la gente de ahí, que vive de la pesca, y todo eso se va a destruir en los próximos años, con la llegada de empresas textiles, de tinturas y otras inversiones. Todo eso va a generar un volumen considerable de desechos tóxicos, que de seguro modificarán el medio ambiente de la región y empeorarán las condiciones de vida de su población”, alerta.
“No hay porvenir así, porque lo que produce es más dependencia, más miseria, más polarización”, añade el líder haitiano. Sin embargo, ni el desastre natural que cambió la geografía del país logró modificar la pretensión recolonizadora de sus vecinos más poderosos, empeñados en transformar a ese territorio en una gran zona franca a su servicio.
¿QUIEN PAGA?
La lucha por reivindicar el derecho a la vida es central hoy en Haití. Movimientos y organizaciones sociales coinciden en sus reclamos y en la búsqueda de alternativas para el pueblo caribeño, lejos del asistencialismo y el oportunismo desarrollista. Opciones de empleo y un salario digno, educación y salud, una vivienda y estabilidad, son imprescindibles para sentirse seres humanos.
“Tanto tiempo sentado, sin trabajar, te da dolor en el cuerpo, te da deseos de arrancarte el cabello, porque uno está acostumbrado a trabajar. Hay mucho por hacer en el país, pero la mayoría de los haitianos está sin empleo y los niños sin poder ir a la escuela. Ah, los extranjeros sí están cobrando muchos dólares americanos aquí, por eso no se van”, dice en perfecto español Juan Luis Celestino, un albañil de cuarentiséis años.
El trabajo ha sido su principal móvil. A él le debe que aprendiera la lengua de los dominicanos y colombianos con los que compartió en el central azucarero donde empezó su vida laboral en Cabo Haitiano. Desde ahí vino para probar suerte a finales de los ochenta; quería “mejorar su situación económica” en la capital. El terremoto casi se tragó sus esperanzas. “Tengo cinco hijos, el mayor de diecisiete años y la más pequeña cumplió seis. Vivíamos en Delmas 32 y todo se derrumbó. La suerte fue que estábamos afuera, por eso seguimos vivos. Ahora dormimos en carpas, y cuando llueve, el agua pasa por debajo y todo se moja.”
Es absurdo que un albañil no encuentre trabajo estable en una ciudad que se levante de entre los escombros de edificios familiares e instituciones públicas y privadas. “Vivimos pidiendo préstamos para que alguno de los muchachos pueda ir al colegio. Más de doscientos años de libertad en este país y no hay suficientes escuelas públicas, porque los liceos son un embute. El haitiano es compartidor y hay familias en mejores posiciones que te ayudan hasta que ganes algo y les puedas pagar.” Con eso cuenta Juan, pero “no es vida”; por eso, el 3 de octubre pasado no salió en busca de trabajo, sino en defensa de sus más elementales derechos. Se sumó a una manifestación popular frente al Ministerio de Asuntos Sociales, a reclamar otro presente para él y su familia, a exigir otro futuro para sus hijos.
Yannick Etienne no conoce a Juan Luis, pero comparte las razones de su lucha. Su voz abre el debate sobre la situación laboral de las haitianas y los haitianos en la sede de la Plataforma de Organizaciones Haitianas de Derechos Humanos (POHDH). “A los patrones no les interesa que los sindicatos se organicen. Cuando llegan demandas obreras a los tribunales para denunciar medidas indebidas, el proceso legal es demorado, deficiente y costoso. Los procedimientos legales se manipulan a favor de los patrones, para quienes no vale el Código Laboral. El Ministerio de Asuntos Sociales tampoco hace nada por proteger a los trabajadores.”
A lo que añade Camille: “Hay mu-
cha persecución contra los sindicatos. Por ejemplo, durante el mes de septiembre (del 2011) se formó el Sindicato para Obreros de Textiles y Vestidos, y sus siete dirigentes fueron revocados a la semana siguiente de su fundación. Sigue la persecución contra todo esfuerzo sindical, con lo que se viola lo establecido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT)”.
Batalla Obrera, el espacio sindical que Yannick representa, lideró en el 2009 las movilizaciones por el aumento del salario mínimo. Se exigía llegar a 200 gourdes, pero finalmente el límite quedó en 125 (aproximadamente 3 USD). “Aunque es una ley, la mayoría de las empresas no aplica el pago establecido, así que no se ha cumplido,” asegura.
“El Código de Trabajo dice que cada vez que suben los precios por más de un año se tiene que aumentar de inmediato el sueldo mínimo. Pero desde el 2003 hasta el 2009 no se había producido ningún aumento de sueldo y es por eso que hubo una lucha de muchos sectores sociales para reclamar un incremento salarial. Las fuerzas represivas utilizaron a la Misión de las Naciones Unidas para la estabilización de Haití (Minustah) para reprimir violentamente las manifestaciones”, recuerda Camille Chalmers.
La presencia militar en Haití es como una espina encajada en la piel. Molesta, está de más, aunque quizás para las niñas y los niños haitianos sea parte del paisaje que ven desde que abrieron los ojos. Las camionetas que recorren rutinariamente las calles dejan ver desde lejos el rótulo UN. En un muro de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Puerto Príncipe un cartel grita el sentir de muchos: Fuck you, UN go home.
¿Para qué sirven estas tropas?, podrían preguntarse quienes viven en campamentos inseguros luego del terremoto de enero del 2010 o a quienes no les alcanzan los ingresos para enviar a sus hijos e hijas a la escuela y saben del costo altísimo que implica mantener a tantos soldados en Haití. Esos fondos bien podrían utilizarse en la reconstrucción del país, en la implementación de un plan nacional que garantizara viviendas para las personas sin techo.
“Hay una pérdida de soberanía con consecuencias sociales, económicas y políticas muy graves para el país”, enfatiza Camille. “Los de la Minustah no solo ven cómo se violan sistemáticamente los derechos humanos, sino que ellos mismos se convierten en sus violadores, y eso se hace en un clima de completa impunidad. El único objetivo alcanzado desde su llegada en el 2004 es la remilitarización del Caribe. No podemos olvidar que Haití se ubica entre Cuba y Venezuela y, por supuesto, para los Estados Unidos es importante mantener su control sobre esta zona”.
FORMAR PARA LA UNIDAD
Más allá de las luchas sectoriales históricas en la tierra de Toussaint Louverture, la tragedia cotidiana que significa para miles de familias no contar con una vivienda ni otras garantías básicas ha unido a varias organizaciones sociales para de romper el silencio o las diferencias internas, de comprometer a amigas y amigos por el mundo y recuperar la autoestima de un pueblo grande.
Solidaridad entre las Mujeres Haitianas (SOFA) es una de las organizaciones de experiencia en el campo popular. Su lucha por cambiar la sociedad patriarcal capitalista se articula con los reclamos contra la feminización de la pobreza y la militarización de la que es víctima toda la familia haitiana. Para su secretaria ejecutiva, Carole Pierre-Paul Jacob, “el silencio de las mujeres es una manifestación del sistema patriarcal. Ellas son blanco de la violencia sistemática y tampoco tienen acceso a derechos básicos”. Denunciar esas situaciones, luchar contra la impunidad, ser más activas en los procesos sociales en curso, está en el centro del quehacer de SOFA.
Colette Espinasse es una de esas mujeres haitianas que cree firmemente en la fuerza de sus compatriotas para edificar un mañana más justo e inclusivo. El Grupo de Apoyo a Refugiados y Repatriados (GARR), que coordina, ha priorizado a los desplazados por la catástrofe del 2010. La sede del GARR colinda con uno de los improvisados campamentos levantados en espacios públicos en Puerto Príncipe.
“Hemos contado con los jóvenes para alfabetizar a algunos grupos. Ya son decenas de mujeres las que han aprendido a leer y a escribir en un tiempo que para muchos está perdido, pero que en verdad se puede aprovechar. Además, realizamos actividades deportivas y culturales con los niños y las niñas de los campamentos. Allí fortalecemos la información y la educación de todos para que también puedan luchar por sus derechos, para que conozcan los riesgos que corren en la situación actual y cómo pueden enfrentarlos,” comenta Colette.
“Estamos luchando para que el tema de la vivienda sea una prioridad para el Estado, porque todavía queda mucha gente en la calle, sin casa”, continúa. Otra de las iniciativas que impulsan es la construcción de viviendas cooperativas por ayuda mutua. “La primera experiencia la hemos hecho este año (2011) en la zona Las Cahobas, con el apoyo de hermanos de República Dominicana y de Puerto Rico, que han ayudado con fondos y también con la capacitación sobre la temática. Nos pusieron en contacto con la gente del movimiento del cooperativismo en el mundo, por ejemplo, con los uruguayos, que tienen una gran experiencia. Tratamos de hacer algo que junto a la incidencia puede ser útil”, concluye.
El abogado Patrice Florvilus tiene en el centro de su acción profesional y política a los sectores populares para empoderarlos como sujetos de derechos. Basado en la concepción y la metodología de la Educación popular, participa en programas de capacitación para las personas desplazadas hacia campamentos. “Estamos tratando de desempeñar varios roles a nivel legal, de movilización, de planificación y de formación. Ahora nos involucramos en el proceso legal contra propietarios y funcionarios públicos que han ordenado los desalojos de familias damnificadas por el terremoto, como sucedió en Delmas.”
El reconocimiento al valor de la Educación popular para el trabajo y la lucha social es compartido por quienes buscan el protagonismo del pueblo haitiano desde diferentes experiencias organizativas. La Universidad Popular de Verano es una de esas apuestas aglutinadoras. “Un grupo de cinco organizaciones hemos creado este espacio que realizamos cada año durante quince días con dirigentes de base. No se trata solamente de la formación, sino también de un proceso de reflexión sobre la realidad nacional y los problemas actuales”, señala Camille.
“La Universidad Popular este año se convirtió en un ejercicio muy creativo, que permitió un acercamiento y la unidad entre los participantes, escogidos en distintas regiones del país y en representación de diferentes sectores. Llegaron más campesinos, pero se sumaron estudiantes universitarios, líderes de barrios populares…
La Educación popular es una herramienta fundamental como parte de un proceso de formación, pero a la vez de politización, para crear una sinergia, una dinámica de encuentros entre todos, para desarrollar el hábito y el deseo de trabajar juntos, de superar las diferencias y crear la unidad que es absolutamente necesaria para poder construir ese movimiento social fuerte”, puntualizó.
En ese empeño no puede faltar la solidaridad de otros movimientos sociales antisistémicos del con
tinente. Romper con el aislamiento que le impusieron al pueblo haitiano a partir del siglo XIX es una prioridad en la hora actual. Así lo considera Patrice: “Necesitamos la
solidaridad de la América Latina, porque sin ella no podremos enfrentar el plan de militarización importado a nuestro país. Necesitamos de ustedes para que por fin Haití pueda ser un país libre, sin la Minustah, ni gringos, ni planes extranjeros.”
Camille sabe que la imagen que se proyecta de Haití no ayuda a construir solidaridad, porque es muy manipulada por la prensa para justificar la ocupación militar. Con el terremoto ocurrió otro tanto. “Los enfoques más generalizados estuvieron dentro de los mismos parámetros de esa visión distorsionada, de caos y de violencia, que están al servicio de la dominación imperial, para que no se conozca Haití.
“Es muy importante salir de la soledad que nos impusieron, y salir de esa soledad es crear lazos directos de pueblo a pueblo, lazos directos de solidaridad, que permitan que la América Latina nos enseñe sus experiencias de lucha en los últimos doscientos años y que nosotros también podamos aportar nuestra experiencia, que es hija y herencia de ese aislamiento imperial. Ese diálogo directo es esencial para poder crecer en nuestra lucha.”