El dilema que planteaba Jorge Abelardo Ramos en Historia de la nación latinoamericana (1968) al tratar de esclarecer si la América Latina es un simple campo geográfico donde conviven veinte naciones diferentes o, por el contrario, una sola nación mutilada en veinte provincias establecidas como Estados más o menos soberanos, además de conservar su plena vigencia, también condensa solapadamente el núcleo de los debates contemporáneos que confluyen en la Cumbre de los Pueblos Rio+20.
Yendo a la esencia de nuestro planteo, la coexistencia de recursos naturales o áreas geográficas sobrexplotados con otros recursos o áreas que permanecen inexplorados en nuestra región no es fortuita, sino que responde a causas profundamente políticas. Tanto la intensificación de actividades apoyadas en un solo recurso, generalmente primario, ya sea de base agrícola o minera, como la subutilización de otros, son el resultado de procesos históricos que producen efectos sobre las comunidades locales y ponen en riesgo su bienestar y, en muchos casos, la propia vida de sus pobladores. En el primer caso, se abre la interrogante sobre la sustentabilidad de actividades que obedecen las reglas del capitalismo global sin el control pleno de la comunidad ni la retención local de sus beneficios. Con el segundo caso se cuestiona la sensatez de aquellas posiciones que entorpecen que las comunidades locales puedan desarrollar ciertas actividades, con argumentos que van desde un proteccionismo ambiental intransigente hasta la especulación mercantil más rentable.
Si observamos esta situación en clave histórica comprobamos que en el período precolombino de nuestra América Latina, el uso de los recursos naturales difiere sustancialmente al perpetrado una vez que se incorporan estos territorios a los circuitos de valorización mercantilistas de la metrópoli española, como también al de todas las fases de desarrollo posteriores. Arturo Jauretche lo sintetiza de modo admirable: “la cuestión del aprovechamiento del espacio está subordinada al proyecto político en marcha en el seno del Estado nacional”.
El mismo autor da las claves para entender las tensiones históricas que se han desplegado por la ocupación del espacio y el uso de los recursos naturales en la nación latinoamericana, en un juego que discurre permanentemente entre fuerzas centrípetas y fuerzas centrífugas como parte de la fluctuación del valor que se genera en el espacio local. Este aporte es fundamental para las ciencias sociales y ambientales, y creemos que no se ha reparado en la totalidad de sus alcances tanto en el plano científico como en el plano político.
En el plano estrictamente teórico, la incorporación de la problemática espacial (ambiental) repara una falencia tan delicada como vigente del materialismo histórico. Esta tiende a conmensurar el valor de un bien con el tiempo socialmente necesario para su producción, es decir, con el trabajo humano, sin advertir la contribución de los factores geográficos o naturales que ingresan en los circuitos de valorización económica. Del mismo modo, trabajos posteriores de esta tradición teórica, si bien reconocen la existencia de países centrales capaces de controlar y retener la generación de valor, y de países periféricos incapacitados de hacerlo, raramente notan que en esos procesos de generación de valor no solo se involucran los hombres y las mujeres que los sus-tentan con su trabajo, sino tam-
bién los recursos naturales.
Resumiendo la esencia de nuestro planteo: como la fuerza de trabajo, los recursos naturales están presentes en medio de los conflictos sociales internos de nuestras sociedades latinoamericanas y también en las relaciones con los países centrales. No obstante, a diferencia de aquellas, la naturaleza carece de instancias de representación directa como los gremios de los trabajadores; y, por tanto, resulta más fácil eludirla en las relaciones comerciales desiguales entre los centros y las periferias del sistema global. Dedicaremos el resto del documento a plantear las instancias de representatividad que toma la naturaleza y algunas propuestas de políticas públicas para un uso del medio ambiente sustentable y compatible con el desarrollo económico que favorezca la inclusión de todos los latinoamericanos.
Apoyados en una interpretación de la realidad posicionada histórica y geográficamente, reconocemos la necesidad de establecer los medios que modifiquen las fuerzas centrífugas que imperan en nuestra región desde el contacto inicial con las sociedades europeas. Ello nos conduce a preguntar cuál es la tecnología de intervención que utilizan las ciencias sociales para actuar en el contexto correspondiente. La respuesta es solo una, aunque no por ello sencilla, dado que la tecnología de las ciencias sociales involucra prácticas colectivas que desbordan el montaje instrumental de una ciencia. Esta tecnología es la política.
Es decir, este tipo de ciencia interviene mediante la política, que no es sino un complejo entramado de relaciones de fuerzas sociales cuyo objeto es el poder (precisamente, el poder de Estado) para transformar o mantener algunos aspectos o la totalidad de las relaciones sociales. Por tanto, avanzar en el conocimiento de las causas profundas del deterioro de nuestros recursos naturales y en la práctica política que opera sobre estas causas, exige el compromiso de los científicos con los proyectos colectivos que pongan como centro de sus planteos el desarrollo de la región a partir del control de los procesos de acumulación de capital en provecho de los pueblos y los ecosistemas locales.
En este sentido, podemos afirmar que en las etapas históricas en las que las fuerzas centrípetas se imponen (es decir, la acumulación local del valor generado) la representatividad política de la naturaleza es asumida en forma directa por los Estados, pues la dirección del proceso económico nacional exige el control de todos los factores productivos. Aquí el manejo público de los recursos naturales es un factor estratégico para cualquier proyecto que pretenda instituir una comunidad conforme a los principios de la justicia social con perspectivas de permanencia en el tiempo. Por el contrario, cuando son las fuerzas centrífugas las que asumen el protagonismo político en nuestros países, el poder público carece de herramientas institucionales para evitar el saqueo de los recursos naturales en beneficio de grupos minoritarios y formaciones sociales lejanas. De este modo, la representatividad política de la naturaleza queda vacía de contenido, dando lugar a organismos no gubernamentales que procuran asumir esta representación.
Cuando en el Estado priman las fuerzas extranjerizantes, la protección de los recursos naturales locales se resiente, generalmente mediante la supresión de organismos públicos que pugnen por un desarrollo económico ambientalmente sustentable, lo cual facilita un proceso de valorización económica ajeno al interés nacional. Nuestra historia regional abunda en casos relativamente recientes que ilustran este proceso. El ejemplo de las privatizaciones de las empresas y los servicios públicos en la etapa más salvaje del neoliberalismo en la década del noventa es quizá la muestra más palpable de avasallamiento del derecho de los pueblos al acceso a sus recursos naturales.
Como decíamos anteriormente, la reacción al retiro estatal es la emergencia de organismos no gubernamentales que alzan las banderas del ecologismo, muchas veces sin incorporar una visión holística del desarrollo de los pueblos. Justamente, cuando el cuidado del medio ambiente adquiere autonomía del desarrollo económico se incurre en un conservacionismo fundamentalista que se puede constituir, paradójicamente, en un obstáculo no solo para el desarrollo, sino también para la protección del ambiente, en tanto que el más idóneo de los representantes de la naturaleza, el Estado central, pierde injerencia en el asunto.
La evolución del mundo en los últimos años advierte sobre la vigencia del viejo dilema entre fuerzas centrífugas y fuerzas centrípetas; en otras palabras, si en la definición del porvenir de nuestros pueblos se imponen los intereses externos o los autóctonos. En ese sentido, hay algunos casos interesantes de políticas públicas orientadas al control nacional de la acumulación, tales como la obtención de mayores márgenes de autonomía respecto a los organismos internacionales de crédito, la incorporación de vastos sectores sociales al consumo, una mayor participación salarial en el producto bruto nacional, la restatización de algunos servicios públicos y la consolidación de organismos para la integración latinoamericana, entre las más importantes.
Estos avances en política económica en la región, sin embargo, enfrentan un doble desafío: por un lado, liquidar los resabios de la fase especulativa y rentista que predominó en pleno auge neoliberal; y, por otro, extender los alcances de un modelo productivo inclusivo y sustentable a todos los rincones de nuestra América Latina. En tal dirección, creemos que uno de los requisitos fundamentales para hacerlo consiste en que el Estado, como organización centralizada y comprometida con el crecimiento y la soberanía de los pueblos, retome el control pleno de los recursos naturales de los que dispone. De lo contrario, se suprimirían las posibilidades de alcanzar un desarrollo independiente, sustentable y con vistas a la integración latinoamericana.
El control de los recursos naturales por parte del poder público se debe efectuar como un insumo elemental en las cadenas de valor regionales, orientadas esencialmente a la satisfacción de las necesidades locales. Asimismo, extender el modelo productivo, inclusivo y sustentable a toda la región exige la puesta en práctica del principio de la solidaridad tecnológica, esto es, la capacidad de trasferir saberes productivos entre los territorios latinoamericanos, y de extraer así el conocimiento productivo de la lógica de generación de renta.
