No hay otro tiempo
que el que nos ha tocado…
Joan Manuel Serrat
Crisis del patrón civilizatorio hegemónico
Estamos en presencia de la crisis terminal de un patrón civilizatorio antropocéntrico, monocultural y patriarcal, de crecimiento sin fin y de guerra sistemática contra las condiciones que hacen posible la vida en el planeta Tierra. La civilización de dominio científico tecnológico sobre el conjunto de la llamada “naturaleza”, que identifica el bienestar humano con la acumulación de objetos materiales y el crecimiento económico sin límite —que tiene al capitalismo como su máxima expresión histórica— está llegando al límite. Su dinámica destructora de mercantilización de todas las dimensiones de la vida está, aceleradamente, socavando las condiciones que la hacen posible. El capitalismo requiere, como condición de reproducción de sus patrones de acumulación, un crecimiento económico permanente, lo cual, obviamente, no es posible en un planeta finito. En la medida en que busca sobrepasar los límites, incorporando nuevos territorios, explotando nuevos bienes comunes, apropiándose del conocimiento de otros, y manipulado los códigos de la vida (biotecnología) y de la materia (nanotecnología), se va profundizando esta dinámica destructiva y se va acelerando la aproximación hacia dichos límites. En el momento histórico en que la humanidad tiene mayor urgencia de la diversidad y multiplicidad de culturas, formas de conocer, pensar, formas de vivir dentro del conjunto de las redes de la vida (como condición de posibilidad para responder a esta crisis civilizatoria), pueblos y culturas indígenas y campesinas del todo el planeta están siendo amenazadas por el avance inexorable de la lógica del proceso de acumulación por desposesión. Hoy, el asunto que confrontamos no es si el capitalismo podrá o no sobrevivir esta crisis terminal. Si en poco tiempo no logramos ponerle freno a esta maquinaria de destrucción sistemática, lo que está en juego es si la humanidad podrá o no sobrevivir el colapso final del capitalismo.
La crisis ambiental y los límites del planeta
Está fuera de toda duda el hecho de que se están produciendo alteraciones profundas en los sistemas climáticos y en las condiciones que hacen posible la vida en el planeta Tierra. Esto se refiere no solo al cambio climático, sino igualmente a otros asuntos tan críticos como la pérdida de la diversidad biológica y los suelos fértiles, la deforestación, la contaminación de aguas, etc. No se trata solo de mediciones y consensos científicos. Los impactos de estas severas transformaciones constituyen parte de la experiencia cotidiana de centenares de millones de personas: sequías, inundaciones, reducción de la disponibilidad de agua, pérdida de diversidad genética, calores extremos, pérdidas masivas de cosechas, etc. Más allá de los argumentos corporativos de quienes tienen intereses directos en la producción/el consumo de combustibles fósiles, de los centros de pensamiento de derecha defensores del fundamentalismo del libre mercado y sus expresiones políticas (sobre todo en los Estados Unidos), es prácticamente unánime el consenso de las comunidades científicas internacionales con relación al hecho de que la elevación de la temperatura del planeta es consecuencia de un incremento en la emisión de gases de efecto invernadero que tiene un origen principalmente antropogénico. Sin un freno a muy corto plazo de esta lógica expansiva de asalto a la “naturaleza”, la vida humana está severamente amenazada.
Las negociaciones internacionales dirigidas a definir compromisos para reducir este impacto a los sistemas de vida del planeta han sido hasta el momento un estrepitoso fracaso. Esto se constató nuevamente en la COP 17 de Durban en diciembre del año 2011, en la cual, el mayor acuerdo consistió en crear un grupo de trabajo ad hoc para negociar un nuevo tratado de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero que debería estar listo para el año 2015, y entrar en vigencia en el año 2020. A pesar de las urgencias que confrontamos, se posponen los nuevos compromisos obligatorios prácticamente por una década. La lógica mercantil se ha instalado como criterio dominante que condiciona todas las decisiones. La búsqueda de nuevos ámbitos de acumulación como salida a la crisis económica/financiera (como los mercados de carbono), tiene prioridad sobre los retos de preservar la vida humana.
En este contexto, la Economía Verde, presentada por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), no hace sino repetir las promesas fantasiosas de que, mediante mecanismos de mercado y soluciones tecnológicas, sin alterar las relaciones de poder, ni la lógica de la acumulación del capital, ni las profundas desigualdades actuales, sería posible un mundo ambientalmente sustentable, con crecimiento económico más acelerado, con empleo y bienestar para todos.
Mientras tanto, después de veinte años de negociaciones desde la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro en el año 1992, y a pesar de que las principales economías están atravesando por una severa crisis económica que limita tanto la producción como el consumo, el Departamento de Energía de los Estados Unidos calcula que en el año 2010 se emitieron a la atmósfera 564 millones de toneladas de gases de efecto invernadero más que en el año anterior. Este incremento del 6% en un solo año es el mayor del que se tenga registro. A la vez, nuevas investigaciones llevan al Panel Intergubernamental de Cambio Climático a afirmar que por lo menos parte de los eventos climáticos extremos, sequías, inundaciones, huracanes, que han afectado a millones de personas en los últimos años, son consecuencia del cambio climático.
Profunda y creciente desigualdad
Están amenazados la totalidad de los sistemas de vida del planeta, pero en el presente inmediato y a corto plazo, los impactos son extraordinariamente desiguales. Existe una relación inversa entre los países, regiones y pueblos del planeta que han tenido históricamente (y continúan teniendo) mayor responsabilidad en las dinámicas depredadoras (incluida la acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera), y las regiones y poblaciones más afectadas. Los mayores responsables, los países industrializados del Norte, no solo están situados en regiones templadas, en las cuales los impactos del cambio climático han sido más moderados, sino que cuentan con mayores recursos financieros y capacidades tecnológicas para responder. Esto parece contribuir a la poca urgencia que se les da a estos asuntos, especialmente en los Estados Unidos.
En el otro extremo, la vida de las poblaciones de las islas bajas del Pacífico Sur (amenazadas con la desaparición a medida que se eleva el nivel del mar), de los habitantes del África subsahariana (donde la elevación de la temperatura ha sido mucho mayor que el promedio global y se han producido muy prolongadas sequías que impiden los cultivos y producen la muerte del ganado), y de los grandes deltas, como el caso de Bangladesh (donde viven centenares de millones de personas, que está sufriendo procesos de salinización e inundación de las tierras cultivables). Estas regiones del planeta, sus poblaciones, sus Estados, con limitada responsabilidad —histórica o presente— sobre las transformaciones climáticas, no solo están en presencia de procesos de destrucción de sus posibilidades de vida, sino que carecen de los recursos financieros y tecnológicos con los cuales responder. Ni siquiera la migración aparece como una opción, ya que las políticas racistas de represión a esta, de militarización de las fronteras, de construcción de muros para mantener afuera a las poblaciones “indeseables”, limitan severamente esta posibilidad. En lugar de la solidaridad humana, nos encontramos ante intentos de construcción de un apartheid global.
La actual desigualdad en la distribución de la riqueza no tiene precedentes en la historia de la humanidad. Es notoria esta creciente concentración en manos de una oligarquía del dinero global. Se cuenta cada vez con más información sobre este proceso. Varias empresas financieras han publicado en años recientes informes detallados sobre las tendencias principales en la distribución de la riqueza, sobre todo lo que ha ocurrido con los sectores más ricos y ultra ricos del planeta. A diferencia de los estudios comparativos entre los países, o de los análisis de la distribución del ingreso o la riqueza al interior de los países, se trata de estudios sobre la distribución de la riqueza de individuos a escala global. Dos ejemplos de estos estudios son suficientes para ilustrar los extremos niveles de desigualdad que caracterizan al mundo actual.
El grupo financiero Credit Suisse ha comenzado una publicación anual en la que analiza la distribución de la riqueza (bienes reales como viviendas, más bienes financieros) de la población adulta de todo el planeta. Según sus cálculos, la mitad más pobre de la población adulta global es dueña de solo un 1% de la riqueza global. Un total de 3 051 millones de adultos, que representan el 67,6% de la población adulta global, es dueña de solo el 3,3% de la riqueza global. En contraste con esto, el 10% más rico es dueño del 84% de la riqueza global, el 1% más rico posee el 44% de la riqueza global, y el 0,5% más rico es dueño del 38,5% de la riqueza global.
La crisis económica de los últimos años, lejos de frenar estas tendencias a la concentración de elevadas proporciones de la riqueza en una pequeña minoría, la ha acentuado. Las empresas Capgemini y Merrill Lynch Wealth Management publican todos los años un informe sobre el estado de los ricos del mundo. Según el informe del año 2010, el número total de individuos con activos elevados en el mundo creció en un 17,1% en el año 2009, a pesar de que hubo una contracción global de la economía de un 2%. La riqueza total de estos individuos se incrementó en un 18,9%, llegando a un total de 39 billones de dólares. En el mismo año, la riqueza disponible de los individuos con activos ultraelevados se incrementó en 21,5%. Del total de individuos de activos elevados, el subgrupo de quienes poseen activos ultraelevados constituye menos del 1%, sin embargo, concentra más del 35% de la riqueza global de los ricos del mundo.
No se trata sólo de tendencias que operan en el llamado mundo desarrollado. El incremento porcentual del número de ricos y ultra ricos y de los volúmenes de riqueza que poseen se ha incrementado en forma aún más acelerada en el grupo de los llamados países emergentes. En la India, el país con la mayor cantidad de personas que pasan hambre en el mundo, el hombre más rico del país se ha construido una residencia familiar de veintisiete pisos que, entre otras cosas, tiene tres helipuertos. Se estima su costo en unos mil millones de dólares.
En los Estados Unidos, el ingreso familiar promedio del 90% de la población se mantuvo constante durante los últimos cuarenta años. Todo el aumento de la riqueza nacional desde el año 1970 ha quedado en manos del 10% más rico de la población. Se ha producido una creciente concentración de la riqueza en manos de las oligarquías ultra ricas. Entre los años 2002 y 2007, el 65% del incremento de la riqueza nacional de los Estados Unidos quedó en manos del 1% de la población. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso de los Estados Unidos, la brecha entre el ingreso después de los impuestos del 1% más rico de la población y el de los quintiles medios e inferiores se multiplicó por más de tres entre los años 1979 y 2007, con lo cual la concentración del ingreso en los estratos superiores es la mayor desde el año 1928. Sobre la base de datos del gobierno federal de los Estados Unidos, el Centro de Investigación Pew afirma que en el año 2009 la riqueza promedio de los hogares “blancos” era veinte veces superior al de los hogares “negros” y dieciocho veces superior a los hogares hispanos, la mayor brecha desde que el gobierno comenzó a publicar estas estadísticas hace veinticinco años.
Como resultado inevitable de estas tendencias, de acuerdo a los datos de la Oficina del Censo de los Estados Unidos, el número de pobres de dicho país pasó de 25 millones en el año 1970 a 46,2 millones en el año 2010. Estas desigualdades se hacen crecientemente hereditarias. Según Paul Krugman, en el grupo de universidades mejores y más selectivas de los Estados Unidos, el 74% de los estudiantes que ingresan pertenecen a la cuarta parte de la población que tiene el ingreso más elevado. Solo el 3% pertenece a la cuarta parte de la población de ingreso inferior. Entre quienes acceden a estas universidades, las probabilidades de completar los estudios dependen más del ingreso familiar que de la capacidad intelectual de los estudiantes.
Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), los únicos países pertenecientes a esa organización que tuvieron una mejoría en la distribución del ingreso entre mediados de la década de los ochenta y finales de la primera década del siglo XXI fueron Grecia y Turquía. Francia, Hungría y Bélgica tuvieron pocos cambios. En los otros veintidós países hubo un aumento en la concentración del ingreso.
Estas extraordinarias y crecientes concentraciones del poder y la riqueza se dan a través de todas las actividades humanas. Por ejemplo, la aparente democratización del acceso a las comunicaciones debida a la expansión masiva de la telefonía celular en todo el mundo, es engañosa. Esconde otras formas de desigualdad. Ese otro bien común limitado, el espectro radiofónico utilizado para las comunicaciones inalámbricas de todo el planeta, está siendo utilizado en forma extraordinariamente desigual. Se calcula que el 1% de todos los usuarios del mundo utiliza la mitad del ancho de banda disponible, y un 10% utiliza el 90% de esta capacidad. Se estima que esta brecha sigue creciendo.
Los países socialistas tuvieron por décadas las estructuras de distribución del ingreso más equitativas del planeta. Sin embargo, con el colapso del bloque soviético y las reformas de mercado en China y Vietnam, en estos países se han producido acelerados procesos de concentración de la riqueza. De acuerdo a algunas versiones, hoy hay en Rusia más multimillonarios que en cualquier otro país del mundo. En China, el sostenido crecimiento económico de las últimas tres décadas ha sacado a centenares de millones de personas de la condición de pobreza. Sin embargo, esto se ha producido al costo de un drástico incremento en la desigualdad. Las cifras disponibles señalan que hoy China es un país más desigual que los Estados Unidos.
Las cifras de las Naciones Unidas sobre la mortalidad de la población del planeta nos permiten tener una mirada más precisa sobre las implicaciones de estas grotescas desigualdades. Mientras que la expectativa de vida al nacer en los países denominados “desarrollados” era para el año 2011 de 78 años, la cifra correspondiente para el África sub sahariana era de solo 55 años. Una diferencia de veintitrés años. Mientras que la mortalidad infantil (menores de cinco años) en los países “desarrollados” era para ese mismo año de ocho por cada mil nacidos vivos, la cifra correspondiente para el África subsahariana era de ciento veintiuno, esto es, más de quince veces mayor. El acceso al agua potable es un componente fundamental de estas diferencias. Mil cien millones de personas carecen de acceso a “agua mejorada”, y dos mil cuatrocientos millones de personas carecen de servicios de “saneamiento mejorado”.
En el círculo vicioso de pobreza y mala salud, el suministro inadecuado de agua y servicios de saneamiento son tanto una causa como una consecuencia: invariablemente, aquellos que carecen de un suministro de agua adecuado y costeable son los más pobres de la sociedad.
El 92% de los hogares que carecen de acceso a agua potable en el mundo y el 93% de los hogares que carecen de servicios de aguas servidas están en África y Asia.
Estas diferencias se reproducen igualmente al interior de los países. Se calcula que la expectativa de vida de los residentes de Shanghai es quince años mayor que la de los habitantes de la provincia de Guizhou (interior de China), y que sus ingresos son superiores a los de estos últimos en un monto anual de veinte mil dólares.
En el ámbito laboral, la expresión más dramática de estas crecientes desigualdades se manifiesta en la expansión de la esclavitud tanto laboral como sexual, incluido el tráfico de niños y niñas. Según algunas estimaciones, hay más gente obligada a cruzar fronteras en contra de su voluntad que en ningún otro momento de la historia. En el año 2005, el número de personas sometidas a trabajo forzado, incluida la esclavitud, en todo el mundo era de 12,3 millones. Un total de 1,32 millones corresponden a la América Latina. Condiciones de trabajo similares a las de la esclavitud han sido detectadas en diversas partes del mundo, e involucran a algunas de las corporaciones de confección de las marcas globales más conocidas, como el caso de la española Zara.
Esta creciente desigualdad, y el hecho de que la expansión masiva de las comunicaciones permita que ellas puedan ser conocidas por proporciones crecientes de la población planetaria, lleva al Foro Económico Mundial (Davos) a afirmar que del conjunto complejo de tendencias que apuntan hacia un futuro de distopía en que la vida futura se caracterizaría por las dificultades y la ausencia de esperanza, las profundas desigualdades constituyen el principal factor de riesgo que confrontará la humanidad en los próximos diez años, desplazando la preocupación por las transformaciones climáticas que ocupaban el primer lugar el año anterior.
Los múltiples asaltos a la democracia
Estas profundas desigualdades no son compatibles con la democracia. Esta concentración de la riqueza (y del poder político que necesariamente la acompaña) es la expresión más dramática del carácter limitadamente democrático del mundo en que vivimos. En la gran mayoría de los países, independientemente del régimen político (democrático, autoritario, autocrático, secular o religioso), las instituciones estatales operan más como instrumentos de los dueños del dinero que como representantes de los intereses de los ciudadanos. La contrarrevolución del capital, el proyecto neoconservador/neoliberal que se inicia entre otras cosas con la Comisión Trilateral y los gobiernos de Thatcher y Reagan en la década de los setenta del siglo pasado fue extraordinariamente exitosa. Logró plenamente sus objetivos principales: la reversión de las lógicas democráticas tanto en las en las sociedades liberales como en el resto del mundo, y una extraordinaria concentración de la riqueza, así como la destrucción de la socialdemocracia como alternativa al neoliberalismo. En este sentido, se cuenta una anécdota de Margaret Thatcher según la cual, años después de dejar el cargo de jefa de Estado, le preguntan cuál consideraba que había sido su logro más importante. Con su característica y demoledora precisión habría contestado: “Tony Blair”.
Toda alternativa a la actual crisis civilizatoria, y a las consecuencias de la destrucción de las condiciones que hacen posible la vida, que no incorpore como dimensión medular la lucha contra esta obscena desigualdad, necesariamente tiene que fracasar. En primer lugar, porque solo con una radical redistribución, con una transferencia extraordinariamente masiva de recursos y de acceso a los bienes comunes hoy apropiados por los más ricos al resto de la población, sería posible lograr tanto una reducción de la presión humana insostenible sobre los sistemas ecológicos que sostienen la vida, como el que la mayoría de la población tenga unas condiciones dignas de vida. En segundo lugar, porque ninguna transformación significativa de la lógica depredadora es posible mientras una pequeña minoría, precisamente la que más se beneficia de las condiciones actuales, tenga una concentración tan monumental de la riqueza global y de la capacidad de incidencia sobre las decisiones políticas y de inversión.
La relación entre la concentración de la riqueza y la devastación de los ecosistemas planetarios ha sido analizada con detenimiento por el Foro Internacional de Globalización en su informe Outing the Oligarchy. Billionaires who Benefit from Today’s Climate Crisis. Analizan en este estudio a un grupo de los hombres y las mujeres más ricos del mundo que —además de poseer cada uno miles de millones de dólares— tienen masivas inversiones en actividades relacionadas con los combustibles fósiles e, igualmente, una extraordinaria capacidad para ejercer influencia sobre las políticas públicas. Concluyen que estos multimillonarios (de los Estados Unidos, Europa, Rusia, India, China, Brasil, México, etc.) son tanto quienes más se benefician de las actuales políticas relativas a los combustibles fósiles como quienes tienen las mayores responsabilidades por las inversiones y las políticas que están destruyendo los sistemas de vida del planeta.
Hoy, la principal amenaza a los bienes comunes climáticos globales la constituyen este grupo de multimillonarios que son quienes más se benefician de la contaminación y que ejercen presión sobre los gobiernos para que promuevan los combustibles fósiles.
A pesar de la necesidad urgente de nuevos compromisos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, hay pocas probabilidades de progreso significativo mientras no demos cuenta de estas extremas concentraciones de riqueza y poder que han corrompido toda perspectiva de toma de decisiones democrática. Los negociadores del cambio climático saben que no son ellos quienes están tomando las decisiones, más bien están limitados por la presión política del grupo de gente que más se beneficia de la contaminación del planeta.
Estrechamente imbricadas con estas tendencias a la creación de una oligarquía económico-financiera global están las mutilaciones cada vez más profundas a los ámbitos de la democracia. Crecientemente, estos sectores privilegiados no solo identifican sus intereses comunes (desregulación, bajos impuestos, preservación de los paraísos fiscales, etc., y, en situaciones de crisis, rescates masivos por parte de los Estados), sino que son capaces de actuar en forma concertada para defenderlos.
Son muchos los instrumentos con los cuales cuentan. Se destaca entre estos el apoyo cómplice y prácticamente incondicional de la academia económica, tal como esta se practica y enseña en las principales universidades del mundo, lo que constituye una fuente importante de sustento científico que le da legitimación a estos procesos de concentración.
Las grandes corporaciones y los capitales financieros tienen una capacidad creciente de imponer su voluntad en las políticas públicas. En el año 2011 en la Unión Europea, los llamados “mercados” impusieron un cambio repentino y sin debate público de la constitución española para limitar constitucionalmente el déficit fiscal. Las demandas de realización de un debate nacional y un referendo para someter a la consideración de la población esta decisión fueron rechazadas por los principales partidos. En Grecia e Italia impusieron el cambio de dos gobernantes electos democráticamente por dos tecnócratas ligados al grupo financiero Goldman Sachs, en lo que ha sido denominado como golpe de estado financiero, o golpe de estado de Goldman Sachs o triunfo del Proyecto Goldman Sachs. ¡Qué lejanos parecen los tiempos del Estado de bienestar y la socialdemocracia europea!) En palabras de Ignacio Ramonet:
La Unión Europea es el último territorio en el mundo en el que la brutalidad del capitalismo es ponderada por políticas de protección social. Eso que llamamos estado de bienestar. Los mercados ya no lo toleran y lo quieren demoler. Esa es la misión estratégica de los tecnócratas que acceden a las riendas del gobierno merced a una nueva forma de toma de poder: el golpe de Estado financiero.
¿Se convertirán las democracias europeas en “democracias autoritarias”?
Los sistemas políticos de las democracias liberales, sus Estados, sus partidos políticos, se van convirtiendo paso a paso en instrumentos en manos del capital financiero para imponer su voluntad, no para servir a la voluntad democrática de los ciudadanos. Con ello se está produciendo lo que Slavoj Zizek ha denominado el fin del matrimonio entre el capitalismo y la democracia.
Las agencias evaluadoras de riesgo, en particular las tres más importantes, Standard & Poor’s, Moody’s y Fitch, que no han sido designadas para esa función por ninguna autoridad pública o democrática, se han convertido en jueces de la situación económica y las políticas públicas de cada país. Estas agencias han ido asumiendo no solo la evaluación de si las políticas públicas corresponden o no a los intereses del “mercado”, si contribuyen o no a generar “confianza en los mercados”. Se han convertido en formuladores directos de políticas públicas, haciendo exigencias precisas sobre las decisiones que los gobiernos tienen que tomar, amenazando con aumentar la calificación de riesgo del país si no se hace lo que se demanda. Evaluaciones negativas por parte de estas agencias usualmente producen incrementos en las tasas de interés que tiene que pagar el país en cuestión para obtener nuevos créditos, lo que puede representar costos adicionales de centenares de millones de dólares, que se transforman en forma inmediata en un incremento de los ingresos del sistema financiero privado.
El comportamiento de la dirección política de estos Estados ante los dictámenes de estos jueces ha demostrado que, en momentos de crisis, opera un nuevo modelo de “democracia”: las amenazas o dictámenes de estas agencias tienen más peso sobre las decisiones de política económica que la voluntad de los ciudadanos.
Del mismo modo, cuando “los mercados” consideran que no hay condiciones de suficiente “confianza”, la sola amenaza de movimientos masivos de capitales financieros hacia otros lugares más amables con los inversionistas puede ser suficiente para alterar las políticas rechazadas por las instituciones financieras.
Una razón principal por la cual la actual crisis capitalista es tan severa reside en la pérdida de la capacidad regulatoria del sistema. La globalización neoliberal ha creado nuevas condiciones en las cuales los capitales pueden desplazarse libremente sin obstáculo alguno. La capacidad de regulación por parte de los Estados, aun de los Estados más poderosos, está en declive. El logro de la tan ansiada utopía del mercado total se va convirtiendo en pesadilla en la medida en que no se cuenta con instrumentos para moderar sus inevitables excesos, y los intereses a corto plazo del capital especulativo tienen primacía sobre toda noción de interés general de estabilidad del sistema. Una vez que este genio ha sido liberado, difícilmente puede volver a ser metido en la lámpara. Cómo lúcidamente argumentó Polanyi:
… la idea de un mercado que se regula a sí mismo era una idea puramente utópica. Una institución como esta no podía existir de forma duradera sin aniquilar la sustancia humana y la naturaleza de la sociedad, sin destruir al hombre y sin transformar su ecosistema en un desierto. Inevitablemente la sociedad adoptó medidas para protegerse, pero todas ellas comprometían la autorregulación del mercado, desorganizaban la vida industrial y exponían así a la sociedad a otros peligros. Justamente este dilema obligó al sistema de mercado a seguir en su desarrollo un determinado rumbo y acabó por romper la organización social que estaba basada en él.
El mercado de divisas global, especulativo y no regulado, ha limitado el control de los bancos centrales sobre el dinero, debilitando así uno de los principales instrumentos de política monetaria. Con el argumento de que hay instituciones financieras que son “demasiado grandes para quebrar” (por los efectos que ello tendría sobre el conjunto de la economía), desde el comienzo de la crisis, en el año 2007, el sector público ha realizado masivas transferencias de recursos precisamente a los bancos y demás instituciones financieras que fueron sus principales responsables. Las perspectivas de algunas modalidades de regulación que fueron planteadas inicialmente por parte del G-20, como respuesta a la crisis financiera, se fueron diluyendo en la medida en que se asumió (sin fundamento alguno) la idea de que la crisis había pasado. Los bancos regresaron rápidamente a sus prácticas usuales, inclusive utilizando estos recursos públicos para llevar las compensaciones de sus ejecutivos a los anteriores escandalosos niveles y para ejercer acciones de lobby para impedir que se introdujeran nuevas regulaciones al sector financiero.
En estos años de crisis, la Unión Europea demostró la verdadera naturaleza de su pacto constitucional. El proyecto constitucional original, después de su rechazo en las consultas refrendarias realizadas en Francia y Holanda, fue objeto de leves modificaciones y rebautizado con el nombre menos amenazante de Tratado de Lisboa. Se trata de un régimen político cada vez menos democrático, en el cual las decisiones trascendentes están cada vez más alejadas de los ciudadanos. Con la constitucionalización del neoliberalismo quedan atrás los sueños de una Europa democrática e igualitaria, para avanzar en una dirección crecientemente autoritaria que concentra el poder en el Banco Europeo (“autónomo”), en la Comisión Europea y en el gobierno alemán. En todo esto, tanto los parlamentos nacionales como el Parlamento Europeo han sido dejados de lado. Países en profunda recesión, con muy elevadas tasas de desempleo, se ven obligados a tomar medidas de austeridad: despido de empleados públicos, aumento de la edad de las jubilaciones, reducción de los gastos sociales, privatización de empresas públicas y flexibilización del mercado laboral.
La defensa del euro (acompañada por una narrativa apocalíptica de lo que podría ocurrir si no se preserva el valor de dicha moneda) ha servido para dar nuevos pasos en la dirección de ceder mayores grados de soberanía de los países a estas instituciones no democráticas de la Unión Europea. En la América Latina ya pasamos por esto. Son bien conocidos los costos sociales de estas políticas de brutal ajuste estructural.
En los Estados Unidos, donde el poder del dinero ha operado históricamente en una forma mucho más descarnada que en los países europeos, el Tribunal Supremo tomó una decisión que incrementa extraordinariamente el poder de las corporaciones sobre todo el sistema político. A partir del insólito supuesto de que las corporaciones tienen los mismos derechos que las personas, en enero del año 2010 este tribunal revirtió restricciones que tenían más de un siglo y doctrinas constitucionales que se habían ido reafirmando por diferentes decisiones del Supremo y del Congreso a través del tiempo. Dictaminó que establecer limitaciones al gasto de las corporaciones y los sindicatos en los procesos electorales constituiría una violación constitucional de su libertad de expresión, tal como esta fue establecida en la Primera Enmienda Constitucional. Dados los extraordinariamente elevados costos de las campañas electorales en los Estados Unidos, esta decisión incrementa aun más el poder de los grupos de influencia para comprar decisiones legislativas y ejecutivas que favorezcan sus intereses. Esta decisión, que fue celebrada por la derecha estadounidense como la restauración de los principios básicos de la república, ha sido caracterizada como un severo ataque a la democracia por sectores políticos progresistas y liberales.
Son múltiples los mecanismos mediante los cuales la desigualdad y las restricciones a la democracia se retroalimentan. Las políticas impositivas de los Estados Unidos son ilustrativas al respecto. Gracias al creciente poder político corporativo, en las últimas décadas la estructura de impuestos en dicho país se ha ido sesgando a favor de los intereses corporativos y en contra de la mayoría de los asalariados. Así, por ejemplo, son mayores las tasas de impuestos que se pagan sobre los salarios que las que se pagan sobre las ganancias provenientes de inversiones. En la medida en que se acelera la concentración del ingreso y de las potenciales fuentes de financiamiento de las campañas electorales, son mayores los obstáculos a cualquier intento de modificar estas políticas impositivas.
Otra amenaza igualmente severa a la democracia en todo el mundo es la proveniente de las múltiples expresiones que adquieren en la actualidad las políticas de seguridad nacional. Este proceso, resultado de la convergencia de varias tendencias políticas, tecnológicas y económicas, tiene severas implicaciones antidemocráticas. Un salto cualitativo en esta dirección se dio a partir del ataque terrorista a las Torres Gemelas del World Trade Center en Manhattan en el año 2011. Un estado permanente de miedo fue alimentado sistemáticamente por los medios de comunicación y la industria del entretenimiento: miedo al terrorismo, a las drogas, a la inseguridad personal, a los migrantes indeseados, a las amenazas representadas por los nuevos poderes globales. Como el enemigo podía estar en cualquier parte, había que perseguirlo en todas partes. El autoritarismo del pensamiento político neoconservador privilegia el orden y la razón de Estado sobre los derechos democráticos de los ciudadanos. La Ley Patriótica, aprobada abrumadoramente por las dos cámaras del Congreso de los Estados Unidos, representó un asalto radical a los derechos civiles y políticos supuestamente garantizados en la democracia liberal. Encontró su fuente de legitimación en este clima de miedo. Esta ley le dio cobertura legal a la creación de la figura jurídica de combatientes ilegales, al no cumplimiento de las Convenciones de Ginebra referidas a la guerra, al régimen de torturas sistemáticas en la prisión Abu Ghraib en Irak, y al establecimiento del campo de detención —y torturas— de Guantánamo.
Han sido igualmente serias las consecuencias para los derechos civiles y políticos al interior de los Estados Unidos, y no solo durante los gobiernos republicanos. Según una investigación de dos años realizada por el Washington Post, después del ataque a las Torres Gemelas se ha creado en el país un aparato secreto de seguridad de tan enormes proporciones que nadie sabe cuánto cuesta, cuántos programas incluye, ni cuántas personas están involucradas. Entre los resultados de esta investigación se destaca que se trata de un entramado de 1 271 organizaciones gubernamentales y 1 931 empresas privadas que trabajan en actividades de inteligencia y contraterrorismo, empleando a 854 000 personas que cuentan con un estatuto de “seguridad certificada” en diez mil localizaciones diferentes a través de la nación, y produce unos 50 000 informes de inteligencia al año.
En diciembre del 2011, como parte de la ley del presupuesto de defensa de los Estados Unidos para el año 2012, el Congreso de dicho país autorizó a las fuerzas armadas a asumir investigaciones e interrogatorios sobre terrorismo nacional, y permitió la detención de cualquier persona que el gobierno califique de terrorista —incluso ciudadanos de los Estados Unidos— por un tiempo indefinido, sin derecho a juicio. En contra de severas oposiciones de muy diversos sectores, que incluso calificaron esta norma como un paso en la dirección de un estado policial, el Presidente Obama firmó la ley, a pesar de asegurar que tenía “serías reservas”.
El miedo y la inseguridad que instalan los medios y los políticos de la derecha operan como dispositivos que buscan reducir la resistencia a la imposición de medidas que avanzan paso a paso en la dirección de una sociedad de vigilancia, con tecnologías más allá de todo lo que pudo imaginar Orwell. Surgen en estas condiciones enormes oportunidades comerciales que ofrecen las nuevas tecnologías de vigilancia para las empresas que trabajan en lo que se ha denominado el complejo industrial de seguridad. Ha sido ampliamente documentada la participación directa de las empresas dedicadas a estas actividades y sus lobbies en la definición y la expansión de políticas en el campo de la seguridad, tanto en Europa como en los Estados Unidos.
Wikileaks ha divulgado documentos en los cuales aparecen veintiún países con empresas privadas que ofrecen a las agencias de seguridad sus servicios de espionaje. Estos permiten interceptar masivamente conversaciones telefónicas sin ser detectados; realizar monitoreo satelital; tomar el control de computadoras a distancia; interceptar comunicaciones de Internet y redes sociales; hacer análisis de voz y de “huellas vocales”; llevar a cabo servicios de seguimiento mediante localización de usuarios de teléfonos celulares a través de GPS, aun cuando estos estén apagados; utilizar identificadores biométricos; y diseñar virus que se pueden introducir para inhabilitar equipos seleccionados.
Se instalan cámaras de vigilancia en forma crecientemente extendida en lugares tanto privados como públicos. Aviones no tripulados (drones) de una amplia gama de tamaños están siendo diseñados y desplegados para la vigilancia, no solo de territorios “enemigos”, sino de los propios. La expansión acelerada de este complejo industrial de seguridad ha ido erosionando las fronteras tradicionales entre seguridad nacional (militar), seguridad interna (policía) y el cumplimiento de la ley.
Esta sociedad de vigilancia total tiene muy poco que ver con el ideal del ciudadano libre que despliega sus máximas potencialidades sin interferencia del Estado, lo que se supone es el máximo valor del liberalismo.
Reacomodos globales y declive del poder imperial unilateral de los Estados Unidos
Los grupos gobernantes de los Estados Unidos, una vez que el colapso de la Unión Soviética hizo desaparecer su rival estratégico, proclamaron que el siglo XX sería El Siglo Norteamericano, en el cual el país podría ejercer un dominio de amplio espectro sobre la totalidad del planeta y tendría capacidad para impedir el desarrollo de cualquier país o alianza de países que pudiese cuestionar esa plena hegemonía. Ello tuvo su máxima expresión en el grupo neoconservador conocido como el Nuevo Siglo Norteamericano que gobernó con George W. Bush entre los años 2001 y 2009. Sin embargo, esta ilusión imperial ha resultado de corto alcance. Aun en el terreno militar, donde sigue siendo mayor su dominio global, las guerras en Irak y Afganistán han demostrado los límites de este poder imperial. Después de más de una década de guerra continua, los Estados Unidos se retiran de Irak sin haber logrado cumplir con sus objetivos declarados de convertir al país en un ejemplo de democracia liberal para todo el Medio Oriente. Ni siquiera lograron un mínimo de estabilidad política. La guerra en Afganistán continúa empantanada, y se perdió el sentido de lo que podrían llamar una “victoria” para justificar el retiro de tropas.
En el terreno económico, los desplazamientos de la hegemonía de los Estados Unidos en el sistema- mundo, con la emergencia de nuevos actores, están funcionando a pasos vertiginosos. La diferencia entre las aceleradas tasas de crecimiento económico de las llamadas economías emergentes y el letargo de los países industrializados es tal que el peso relativo de los diferentes grupos de países en la economía global está en permanente reacomodo. Ha sido particularmente rápido el surgimiento de China como serio rival de la hegemonía estadounidense en el terreno económico. Después de tres décadas de tasas de crecimiento promedio en torno al 10%, a finales de la primera década del siglo XXI China sobrepasó a Japón como la segunda economía del planeta, y a Alemania como el primer país exportador. Según el Centro Internacional para el Comercio y el Desarrollo Sustentable, en el año 2011 China sobrepasó a los Estados Unidos como el país con la mayor producción industrial del mundo, recuperando la posición que tuvo hasta mediados del siglo XIX.
Otra expresión de estos reacomodos globales lo constituye el hecho de que, de acuerdo al Centre for Economic and Business Research de Londres, en el año 2011 Brasil sobrepasó al Reino Unido para convertirse en la sexta economía del mundo. Según esa misma fuente, mientras en el año 2011 la economía china representaba menos de la mitad de la economía de los Estados Unidos, una década más tarde, en el año 2020, representará un 84% de la economía de los Estados Unidos. Estiman igualmente que en esos nueve años la economía rusa pasará de ser la novena economía del mundo a ser la cuarta, y la India pasará del décimo al quinto lugar.
Hace unos años la empresa Goldman Sachs bautizó al grupo de grandes países emergentes con tasas de crecimiento más acelerados como los BRIC (Brasil, Rusia, India y China). Desde entonces ha realizado un seguimiento sostenido sobre el comportamiento de la economía de estos países. En el análisis que realizó esta corporación para evaluar el impacto de la crisis de los años 2007-2008 concluye que este grupo de países salió de la crisis en mejores condiciones que el mundo desarrollado. En consecuencia, estima que la economía china probablemente supere a la de los Estados Unidos en el año 2027, y que, en su conjunto, para el año 2032 la economía de los BRIC será mayor que la economía del conjunto de los principales países desarrollados, el G-7 (Estados Unidos, Japón, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y Canadá). Esto implica un desplazamiento formidable del consumo global hacia esos países. Calculan que para el año 2020 el número de personas pertenecientes a las clases medias (ingresos entre diez mil y treinta mil dólares al año) en los BRIC será el doble que en los países del G-7. China tendría para esa fecha una clase media mayor que todo el G-7.
Estos desplazamientos no se refieren solo a los pesos relativos de las economías nacionales. Se constata igualmente cuando la mirada se focaliza sobre el peso relativo de las corporaciones transnacionales de diferente origen en la economía global. El Boston Consulting Group ha venido produciendo informes anuales sobre el papel y el impacto global de las corporaciones de las “economías en rápido desarrollo”, a las que considera nuevos rivales globales que están sacudiendo el orden económico establecido. Estos nuevos rivales globales (provenientes principalmente de China, India, Brasil, Rusia y México) analizados en el informe tuvieron una tasa de crecimiento de sus ventas del 18% y tasas de ganancia promedio del 18% durante el período 2000-2009, mientras que las tasas correspondientes a las corporaciones que tienen su base en los “países desarrollados” fueron del 6% y el 11% durante el mismo período. Algunas de estas corporaciones han pasado en poco tiempo a ser de las mayores empresas globales en sus respectivas áreas de actividad. El número de corporaciones de estos países en el listado de las quinientas mayores corporaciones globales de Fortune pasó de veintiuna a setenticinco en la última década.
Los retos que perciben los Estados Unidos con estos procesos no se limitan al terreno económico, sino igualmente a ámbitos como el tecnológico, el educativo y el militar. A finales del año 2011 el gobierno chino anunció públicamente su programa espacial para los siguientes cinco años. Este programa incluye el lanzamiento de laboratorios espaciales, naves tripuladas y pasos preparatorios para la construcción de estaciones espaciales. También se anuncia que está previsto el mejoramiento de los vehículos de lanzamiento, de las comunicaciones y el desarrollo de un sistema global de satélites de navegación que busca rivalizar con el lugar dominante de los Estados Unidos en este campo gracias al sistema de posicionamiento GPS. Esto ocurre cuando los Estados Unidos, habiendo concluido la vida útil de sus transbordadores, carece de vehículos de lanzamiento espacial propios y depende de Rusia para enviar tripulantes y materiales a la estación espacial internacional.
Todos los años el Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes de la OCDE realiza un estudio comparativo de evaluación de estudiantes de quince años de los treinticuatro países de la organización y de otros países asociados al programa. Se evalúa un amplio espectro de asuntos como comprensión de la lectura, razonamiento, matemáticas, ciencias, etc. En el año 2009, entre los setenticinco países participantes se incluyó por primera vez a la provincia china de Shanghai. Los estudiantes de Shanghai superaron a todos los demás en seis de las siete categorías utilizadas y lograron la máxima puntuación en la evaluación global, superando a países como Finlandia y Corea del Sur, que en años anteriores habían ocupado los primeros puestos.En la mayor parte de las categorías los estudiantes de los Estado Unidos ocuparon los puestos número veintitrés o veinticuatro.
Otra manifestación de la progresiva pérdida de la plena hegemonía de los Estados Unidos en el sistema-mundo lo constituyen los lentos pero significativos pasos que se han dado en dirección a reducir el papel del dólar como divisa de reserva internacional. El dólar ha sido un pilar fundamental de la hegemonía de los Estado Unidos, especialmente desde el momento en que, bajo la presidencia de Richard Nixon, ese país abandonó el patrón oro. En palabras de Immanuel Wallerstein:
Hemos estado viviendo en un mundo donde el dólar estadounidense ha sido la divisa mundial de reserva. Esto, por supuesto, le ha dado a Estados Unidos un privilegio que ningún otro país tiene.
Puede imprimir su divisa a voluntad, siempre que piense que al hacerlo resuelve algún problema económico inmediato. Ningún otro país puede hacer esto; o más bien ningún otro país puede hacerlo sin penalización mientras el dólar se mantenga como la divisa de reserva aceptada.
Son diversas las señales que apuntan en la dirección de una progresiva desdolarización de la economía global, especialmente por parte de los países integrantes de los BRICS. A finales del año 2010, el presidente Vladimir Putin de Rusia y el primer ministro de China, Wen Jiabao, anunciaron que desplazarían al dólar estadounidense en sus intercambios bilaterales, pasando a utilizar para ello el yuan y el rublo. En el mismo sentido, a finales del año 2011 los primeros ministros de China y Japón han negociado un acuerdo mediante el cual podrían comenzar a corto plazo a llevar a cabo su comercio bilateral en sus propias divisas sin utilizar para ello, como ha sido el caso hasta ahora, el dólar. Igualmente está contemplado en el acuerdo que Japón pueda utilizar la divisa china, el yuan, como divisa de reserva. Tratándose de las economías número dos y tres del planeta, con elevados niveles de intercambio comercial, se trata de un acuerdo que podría tener trascendentales consecuencias con relación al papel internacional del dolar.
En la América Latina, los intercambios en moneda nacional entre Argentina y Brasil, y en otra escala, el SUCRE entre los países del ALBA, apuntan en la misma dirección.
La hegemonía militar de los Estados Unidos y el estado de guerra permanente
El terreno militar es el ámbito en el cual los Estados Unidos preservan una plena hegemonía, cuando es posible con la participación de sus aliados, pero con frecuencia en forma unilateral. Esa es su principal ventaja estratégica en la búsqueda de preservar su hegemonía global. En los últimos años han demostrado —independientemente del partido de gobierno— la disposición a utilizar este poderío militar cada vez con mayor frecuencia.
Expresión de la continuidad de sus ambiciones imperiales unilaterales, los Estados Unidos tienen aproximadamente mil bases militares fuera de sus fronteras, lo que constituye el 95% de las bases militares en el extranjero que hay en el mundo hoy. Como señala el historiador Chalmers Johnson, se trata de una nueva forma de colonialismo que no está caracterizado, como fue en el caso europeo, por la ocupación del territorio, la “…versión americana de la colonia es la base militar”.
De acuerdo a uno de los centros más confiables de estudio de gasto militar, el Instituto Internacional de Investigación de la Paz de Estocolmo, los Estados Unidos realizaron en el año 2010 un 43% del gasto militar total del planeta, gasto muy superior a los de los siguientes nueve países con mayor gasto militar (32%). Lo que representa este gasto militar como proporción del presupuesto federal global varía según la forma en la cual se realice el cálculo. Las estadísticas oficiales hacen aparecer que su peso es menor de lo que en realidad es, ya que excluyen una amplia gama de gastos que están directamente relacionados con el gasto militar, pero que no forman parte del prepuesto del Pentágono. De acuerdo a la organización antiguerreristaa War Resisters League, si al presupuesto oficial del Pentágono se le suma el gasto de los veteranos de guerra, el de la deuda pública atribuible al gasto militar y el costo de las guerras de Irak y Afganistán, el gasto militar total se eleva al 54% del gasto federal.
Según un exhaustivo estudio realizado por el Watson Institute for International Studies de la Universidad de Brown, el costo total de las guerras de los Estados Unidos durante la última década llega a un total de entre 3,2 y 4 billones de dólares (trillones según nomenclatura de los Estados Unidos). Según cálculos calificados como “conservadores” de este instituto, estas guerras en diez años han tenido como resultado 236 000 muertos, la mayoría civiles de Irak, Afganistán y Paquistán. De estos, entre 40 000 y 60 000 corresponden a Paquistán. donde se supone que no hay guerra. Calculan igualmente que por cada uno de estos muertos directos habrían muerto cuatro personas en forma indirecta (hambre, degradación del ambiente y la infraestructura), lo que eleva la cifra total a unas 1 180 000 muertes como consecuencia de estas guerras. Estiman igualmente que entre refugiados y personas desplazadas han sido afectadas unas 7 800 000 de personas adicionales.
Para que este estado de sangrienta y costosa guerra permanente o guerra sin fin fuese políticamente sostenible en el tiempo fueron necesarias transformaciones fundamentales en las formas como se conduce la guerra. La experiencia de Vietnam demostró que una guerra no es políticamente sostenible en el tiempo mientras tenga una presencia destacada y constante en la opinión pública y mientras sectores privilegiados de la sociedad sufran en forma directa sus consecuencias. De ahí la búsqueda de cambios que permitiesen mayores niveles de opacidad en relación con la guerra, y el desplazamiento de sus afectados hacia otros sectores de la población. Esto lo han venido logrando mediante tres transformaciones fundamentales en sus formas de conducción, tanto en su personal como en su tecnología. En primer lugar, mediante la eliminación del servicio militar obligatorio y su sustitución por mecanismos de alistamiento “voluntario” sobre la base de incentivos económicos. En la resistencia a la guerra de Vietnam jugó un papel central el hecho de que, con un régimen de conscripción más o menos universal, muchos de los soldados provenían de sectores privilegiados de la sociedad, incluidos estudiantes de las universidades más elitistas del país. Dado su origen social —con su correspondiente capacidad de acción política— cada estudiante reclutado en contra de su voluntad y cada cadáver que regresaba de la guerra aumentaba la oposición a la guerra, hasta hacer que fuese políticamente insostenible. Con la eliminación de la conscripción obligatoria y su sustitución por modalidades de alistamiento basados sobre incentivos económicos, la carne de cañón de las guerras de los Estados Unidos pasa a provenir casi exclusivamente de los sectores más pobres de la población, con un menor impacto en la opinión pública.
Otra modalidad de reducción es la subcontratación o privatización de la guerra. En el año 2011, estos mercenarios, denominados “contratistas militares privados”, llegaron a superar el número total de soldados uniformados activos en Irak y Afganistán. Con la privatización de la guerra, se amplía el ámbito de competencia del complejo militar-industrial, y con ello, los sectores corporativos y laborales que dependen de la continuidad y la ampliación de las guerras.
Son igualmente significativas las implicaciones de las transformaciones tecnológicas del “arte de la guerra”. Las nuevas armas de alta tecnología que han sido desarrolladas al costo de miles de millones de dólares han permitido —para algunos países, pero principalmente para los Estados Unidos— la reducción de la participación humana directa en campos de batalla. Esta es remplazada por nuevos armamentos que, además de incrementar su poder letal, permiten operaciones a distancia que no ponen en peligro a los soldados estadounidenses. Con estos nuevos instrumentos bélicos es posible incluso llevar a cabo una guerra sin poner pie en territorio “enemigo”. De acuerdo a los voceros oficiales de la OTAN, la guerra en Libia que condujo al derrocamiento del gobierno de Khadafi, se peleó sin que se produjera una sola víctima mortal entre los “aliados”. Otra cosa, por supuesto, fue lo que ocurrió con la población libia.
En estas condiciones, sin servicio militar obligatorio y con pocos norteamericanos muertos, se puede ir naturalizando un estado de guerra infinita contra todos los enemigos imaginables: el terrorismo, los estados fallidos, las armas de destrucción masiva, los piratas, las drogas. A diferencia de épocas históricas anteriores, la guerra no ocurre como una sucesión de eventos discontinuos que comienzan y terminan, sino como el estado permanente que se pelea en forma abierta o encubierta en muchos frentes en forma simultánea: Irak, Afganistán, Libia, Sudán, Somalia, Irán….
En vista de las crecientes limitaciones financieras y de los actuales reacomodos hegemónicos, el gobierno de Obama ha anunciado una nueva estrategia militar con la cual se busca preservar el liderazgo global de los Estados Unidos en el siglo XXI. Se destacan en esta reorientación dos aspectos principales. En primer lugar, unas fuerzas armadas más reducidas, pero “más ágiles, flexibles, listas y tecnológicamente avanzadas”. En segundo lugar, se le otorga prioridad estratégica a la contención de China, rival que se ve como una amenaza a la hegemonía global de los Estados Unidos.
Los intereses económicos y de seguridad de los Estados Unidos están inseparablemente ligados a los desarrollos que ocurran en el arco que se extiende desde el oeste del Pacífico, el este de Asia Pacífico hasta la región del Océano Índico y el sur de Asia, lo que crea una combinación fluctuante de retos y oportunidades. De ahí que los militares de los Estados Unidos, a la vez que continuarán contribuyendo a la seguridad global, tendrán, por necesidad, que rebalancearse hacia la región Asia-Pacífico. Nuestra relación con aliados y socios asiáticos suministrará una base vital para la seguridad del Asia-Pacífico. También expandiremos nuestras redes de cooperación con socios emergentes a través de la región Asia-Pacífico para asegurar habilidad colectiva y capacidad para asegurar nuestros intereses comunes.
A largo plazo, la emergencia de China como una potencia regional tendrá un efecto potencial sobre la economía de los Estados Unidos y sobre nuestra seguridad en una variedad de formas. Nuestros dos países tienen un fuerte interés común en la paz y la estabilidad en el este de Asia e interés en la construcción de una relación bilateral de cooperación. Sin embargo, el crecimiento del poder militar de China debe estar acompañado de mayor claridad sobre sus intenciones estratégicas para evitar la creación de fricción en la región.
La Secretaria de Estado Hillary Clinton ha denominado esta nueva orientación geoestratégica el Siglo del Pacífico Americano, y afirma que “el futuro de la política se decidirá en Asia, no en Afganistán o en Irak, y los Estados Unidos estarán en el justo centro de la acción”. En su discurso ante el parlamento australiano a finales del año 2011, el Presidente Obama destacó que, después de las guerras de Irak y Afganistán, los Estados Unidos estaban volviendo su atención hacia el vasto potencial de la región del Asia-Pacífico, incluida “una fuerte presencia militar en la región”. Como parte del fortalecimiento de esta presencia militar, Obama anunció el acuerdo para establecer una nueva base militar naval en Australia, la primera expansión de la presencia militar en la región desde el fin de la guerra de Vietnam. Esto provocó una respuesta airada del gobierno chino, que acusó a Obama de estar escalando las tensiones militares en la región.
¿Estamos presenciado el inicio de una nueva época de guerra fría?
Pueblos en movimiento
Ante esta extraordinaria combinación de amenazas no solo a la democracia, la paz y dignidad humana, sino a la vida misma, hoy nos encontramos con pueblos en movimiento y resistencia. En el año 2011 se produjeron extraordinarias movilizaciones en todo el mundo, expresión de la resistencia a estas tendencias y de la lucha por otro mundo posible.
En la América Latina, que durante las últimas dos décadas ha sido el continente más activo en este sentido, continuaron y en muchos casos se profundizaron y radicalizaron las movilizaciones y luchas, especialmente en contra de las múltiples modalidades del extractivismo: minería a cielo abierto, extracción de hidrocarburos, monocultivos de soya transgénica, eucaliptos, pinos y palma africana, grandes represas hidroeléctricas. Entre las luchas más prototípicas se destacan las múltiples acciones contra la minería en Argentina, la resistencia a la represa de Belo Monte en la Amazonía brasileña, las grandes acciones de resistencia contra las corporaciones mineras en Cajamarca y la oposición a la carretera a través del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) en Bolivia. La lógica extractivista y la inserción primario-exportadora de estas economías ha continuado a pesar de los profundos cambios políticos que se han dado en el continente, y representa la fuente principal de las contradicciones internas de los gobiernos progresistas y de izquierda de la región.
Han reaparecido en escena igualmente otros sujetos y otros asuntos. Se destacan en este sentido las luchas estudiantiles colombianas y chilenas en defensa de la educación pública. En Chile, país en el que desde la dictadura de Pinochet se había instalado una amplia hegemonía política y cultural del neoliberalismo, con predominio del individualismo y desvalorización de lo público y lo colectivo, en los últimos años las luchas de los mineros, de los mapuches, y sobre todo de los estudiantes, parecen haber roto el hechizo de este modelo de sociedad. Las masivas y sostenidas movilizaciones estudiantiles del año 2011 en demanda de educación pública gratuita de calidad —inscritas en la defensa de las nociones democráticas de la equidad y lo público— si bien no han logrado cambios de rumbo en las políticas gubernamentales, sí han con seguido extraordinarios niveles de apoyo por parte de la población. De acuerdo al estudio nacional de opinión pública realizada por el Centro de Estudios de la Realidad Contemporánea correspondiente a diciembre de ese año, “un 89% de la población apoya las demandas de los estudiantes; un 77% opina que la educación debe ser gratis; un 78% opina que no deben existir instituciones de educación superior con fines de lucro; y un 82% dice que las demandas de los estudiantes son las correctas para mejorar la educación”. Este apoyo a los estudiantes y sus demandas es abrumador y alcanza incluso a quienes se identifican como partidarios de los partidos de derecha. Solo el 21% de la población se identifica como partidaria del gobierno de Piñera.
En el mundo árabe se están produciendo cambios políticos que hasta hace poco tiempo parecían poco probables, comenzando por las multitudinarias y persistentes movilizaciones populares, la denominada primavera árabe, que produjo el derrocamiento de los dictadores Ben Alí en Túnez y Hosni Mubarak en Egipto. Organizaciones antes ilegales como la Hermandad Musulmana pasan a ocupar espacios políticos centrales. La negación de todo derecho democrático, junto con la profundización de las condiciones de exclusión, pobreza y desigualdad que acentuó el neoliberalismo terminaron por hacer estallar este centro neurálgico de la geopolítica global y abrir una época de cambios profundos y gran inestabilidad. El papel de la región como fuente confiable de los hidrocarburos requeridos por los Estados Unidos y la Unión Europea dejó de estar garantizada en la medida en que sus aliados, los gobiernos autoritarios de la región, están siendo crecientemente cuestionados. Los “aliados” responden a estas nuevas condiciones con acciones militares directas (Libia) o con amenazas de intervención militar y acciones encubiertas de sus agencias secretas (Siria, Irán). Israel, que ha perdido algunos de sus aliados para su política de sometimiento sistemático del pueblo palestino, asume políticas cada vez más agresivas, en particular en relación con Irán.
En Europa, el movimiento más amplio, consistente y continuado ha sido el de los llamados indignados. Combinando acciones de ocupación en los centros de las ciudades, multitudinarias movilizaciones (sobre todo en Madrid y Barcelona) y asambleas barriales, la demanda de democracia real ya implicó un cuestionamiento profundo del sistema político español y de sus partidos, incluso los de izquierda. Entre las demandas que han aparecido en diversos manifiestos de los indignados se destacan las siguientes: eliminación de los privilegios de la clase política; reducción del desempleo (reparto del trabajo con fomento de la reducción de la jornada laboral); derecho a la vivienda; servicios públicos de calidad (educación, salud, transporte); control de las entidades bancarias (prohibición de rescates bancarios, las entidades en dificultades deben quebrar o ser nacionalizadas para constituir una banca pública bajo control social, prohibición de la inversión en paraísos fiscales); cambio del régimen impositivo (aumento de las tasas impositivas a las grandes fortunas y a la banca, recuperación del impuesto sobre el patrimonio, control efectivo del fraude fiscal, tasa Tobin); libertades ciudadanas y democracia participativa (no al control de internet, protección de la libertad de información y del periodismo de investigación, referendos obligatorios y vinculantes para las cuestiones de gran calado que modifican las condiciones de vida de los ciudadanos y para toda introducción de medidas dictadas desde la Unión Europea, modificación de la ley electoral para garantizar un sistema auténticamente representativo y proporcional que no discrimine a ninguna fuerza política ni voluntad social, independencia del poder judicial, establecimiento de mecanismos efectivos que garanticen la democracia interna en los partidos políticos); reducción del gasto militar.
En su cuestionamiento a la política institucional, como lo han hecho movimientos de otras partes del mundo, han privilegiado la democracia directa y las asambleas como modalidad de debate y toma de decisiones.
En los Estados Unidos el movimiento que se inició con Occupy Wall Street se extendió hacia unas mil localidades urbanas en todo el país. La principal consigna del movimiento, “Somos el 99%” expresa, y a la vez coloca en forma abierta en la conciencia pública, el creciente reconocimiento de la existencia de conflictos entre los ricos y los pobres de esa sociedad. De acuerdo al estudio de opinión pública nacional del Pew Research Center, el 66% de los norteamericanos considera que existen conflictos fuertes o muy fuertes entre los “ricos” y los “pobres”, un aumento de diecinueve puntos con relación a los resultados obtenidos en el año 2009. Esta percepción se eleva al 74% entre la población negra. La proporción de personas que consideran que estos conflictos son muy fuertes (30%) es el más elevado desde que esta pregunta comenzó a formularse en el año 1987, y el doble del porcentaje de quienes pensaban así en el año 2009. Los conflictos de clase ente pobres y ricos superan así otras fuentes potenciales de conflicto evaluadas: entre población nativa e inmigrantes; entre blancos y negros; entre jóven